7 de septiembre de 2006

Crónica Colombia.- AI denuncia un plan del Gobierno para silenciar a los defensores de Derechos Humanos

Líderes campesinos, sindicalistas y defensores de DDHH son vistos por las autoridades como "enemigos"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la existencia de una estrategia coordinada por el Gobierno de Colombia para dar "luz verde" a los ataques contra los defensores de Derechos Humanos a través de un plan sistemático del propio Estado, según se desprende de un un nuevo informe presentado hoy en Madrid sobre la situación que vive en Colombia, que pide a la comunidad internacional apoyo a los activistas locales de forma más eficaz.

El nuevo informe --que ha sido presentado esta mañana por Esteban Beltrán, director de la sección española de AI, y Sofía Nordenmark, coordinadora de defensores de Derechos Humanos de AI-- incluye casos de amenazas y hostigamientos contra este colectivo que, según sus impulsores, ponen de relieve las dificultades que afrontan decenas de personas y organizaciones en las ciudades y zonas remotas de Colombia que trabajan para proteger a los civiles y poner fin a la impunidad.

Se trata de ataques contra activistas de Derechos Humanos, líderes sindicales y campesinos, que son vistos como "enemigos" del Gobierno por su presunta colaboración con los grupos guerrilleros. Ese plan, según AI, tienen un doble propósito que es "silenciar" a las personas e impedir que otras continúen su labor, según declaró Nordenmark, que denunció que algunas personas han recibido amenazas con tanta frecuencia que ya las consideran parte de su "rutina". "Otras se han visto obligadas a marcharse de sus comunidades", añadió.

"NO LE GUSTA ESCUCHAR CRITICAS"

Los casos que ha recibido Amnistía Internacional revelan también que los ataques individuales, como homicidios y amenazas, forman parte de la estrategia del Gobierno de Alvaro Uribe más amplia destinada a restringir "severamente" las denuncias sobre las violaciones de Derechos Humanos y sobre los lazos que unen a los grupos paramilitares y el Ejército. "Y todo porque el presidente no sabe o no le gusta escuchar críticas", indicó Esteban.

De hecho, asegura el informe que la estrategia oficial contra los defensores de Derechos Humanos parece triple, ya que las autoridades del Gobierno cuestionan públicamente su legitimidad, preparan procesos legales infundados y no hacen comparecer ante la justicia a los autores de los ataques, incluso cuando se dispone de abundantes pruebas".

En el acto de presentación de esta mañana, celebrado en la sede de AI en Madrid, también intervino el colombiano Luis Torres, defensor de Derechos Humanos de la comunidad de El Salado, en el departamento de Bolívar, donde representa a su comunidad ante las autoridades, en relación con dos matanzas que presuntamente fueron cometidas por grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) respaldados por el Ejército.

PROTECCION INSUFICIENTE

Torres ha hecho campaña sobre las condiciones para el retorno sin riesgos a El Salado de miembros de la comunidad que habían huido de ella tras recibir amenazas de las FARC. El 26 de mayo de 2005 fue acusado formalmente de rebelión y detenido. El 8 de junio fue puesto en libertad condicional, sin embargo, la investigación sigue abierta pese a defectos evidentes de las pruebas.

"La impunidad de que gozan quienes atacan a los activistas es un arma peligrosa, ya que transmite el mensaje de que los civiles deben evitar reclamar justicia", indicó AI, quien criticó el hecho de que el Gobierno haya puesto en marcha varios programas para proteger a defensores de Derechos Humanos, sindicalistas y periodistas y que en el fondo no son suficientes.

Así, la organización humanitaria consideró que las medidas de protección prácticas del Gobierno no son suficientes pues, según explicó, no crean las condiciones básicas para que los defensores de Derechos Humanos trabajen libremente. "La mejor forma de proteger a los defensores de Derechos Gumanos es llevando ante la justicia a quienes los atacan", subrayó AI.

"IMPUNIDAD ENDEMICA"

Ante la gravedad de las denuncias, AI pidió al presidente Uribe que utilice su segundo mandato para abordar la "impunidad endémica", para lo cual es necesario que reconozca públicamente la legitimidad de los activistas, que garantice que los responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia, y que impidiendo el uso de cargos penales infundados contra los activistas.

Por otro lado, pidió al Gobierno español y la Unión Europea que en cualquier encuentro que mantengan con el presidente Uribe le hagan varias preguntas. ¿Cuántos responsables de esos ataques están en la cárcel?, ¿por qué no revoca la Ley de Justicia y Paz?, ¿dejará de desacreditar públicamente a los defensores de Derechos Humanos? y por último, si usará como hoja de ruta las recomendaciones de la ONU.

Beltrán precisó que en las próximas horas una delegación de Amnistía Internacional se entrevistará con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para entregarles una copia del nuevo informe y para trasladarles su preocupación por la situación que atraviesan en el país sudamericano los defensores y activistas de Derechos Humanos.