26 de abril de 2006

Crónica Colombia.- AI pide a los candidatos presidenciales exponer sus soluciones para la crisis de DDHH en Colombia

((LA CRONICA ESTA EMBARGADA HASTA LAS 00.01 DE MAÑANA, 27 DE ABRIL))

Amnistía alerta en una carta abierta sobre los fallos del proceso de desmovilización y reinserción de paramilitares y sus riesgos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Amnistía Internacional (AI) pidió a los candidatos presidenciales de Colombia, que se enfrentarán en los comicios del 28 de mayo, que aclaren a los votantes y a la comunidad internacional sus posturas respecto a la crisis humanitaria que vive Colombia desde hace unos 30 años, los efectos que tendrá la desmovilización de los paramilitares sobre los más de tres millones de desplazados internos que tiene el país y sus planes de gobierno para encarar estas situaciones.

En una carta abierta dirigida a los candidatos presidenciales y hecha pública hoy jueves, AI muestra su preocupación por la nueva situación que vive Colombia con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que --junto a las guerrillas y las fuerzas de seguridad del país-- "han obligado a más de tres millones de personas a abandonar sus hogares desde 1985".

Además, durante los últimos años "más de 70.000 personas fueron víctimas de homicidios, 'desapariciones', torturas o secuestros" a manos de estos grupos durante los últimos años, recordó AI que, aunque reconoce que "puede haber descendido el número de homicidios en las grandes ciudades, la situación en las provincias y especialmente en el campo, sigue deteriorándose".

AI "sigue recibiendo informes creíbles de homicidios y 'desapariciones' a manos de paramilitares que operan bajo un nuevo nombre en connivencia con las fuerzas de seguridad y en las mis zonas en las que operaba el Bloque Centauros", denunciaron, precisando que en todo el país "más de 2.750 homicidios y 'desapariciones' han sido atribuidas de forma fidedigna a paramilitares desde que éstos anunciaron el cese de las hostilidades a finales de 2002".

"El endeble marco legal bajo el cual se han desmovilizado los paramilitares significa que no hay garantía alguna de que no se está integrando a violadores de Derechos Humanos en estructuras de seguridad, como por ejemplo empresas de seguridad privada, donde podrían portar armas y por lo tanto estar en condiciones de ejercer el poder y cometer más abusos en las zonas en las que operan", señalaron en su misiva, firmada por la directora del Programa Regional para América, Susan Lee.

En este contexto, según AI, los paramilitares desmovilizados podrían quedarse "con el control de los millones de hectáreas de tierra que han robado" en Colombia. Los desmovilizados "podrían tener derecho a concesiones para desarrollar proyectos agrícolas en las mismas tierras que han tomado por la fuerza por medio, a menudo, de violaciones de Derechos Humanos y con el apoyo de las fuerzas de seguridad", denunció Amnistía.

RIESGOS DE LA 'REINSERCION RURAL'

Además, según AI, los paramilitares "podrían poseen varios millones de hectáreas de tierra, muchas de ellas conseguidas por la fuerza". "Las leyes existentes amenazan con permitir a los paramilitares desmovilizados mantener el control de estos bienes y legalizarlos", denunció la organización.

"Según el Decreto 4.760, promulgado el 31 de diciembre de 2005 para regular la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, estos bienes obtenidos ilegalmente pueden ser catalogados como reparación si se considera que benefician económicamente a la comunidad local y los paramilitares desmovilizados", indicaron en la carta.

Es más, los paramilitares desmovilizados que declaren que estas tierras "benefician económicamente a la comunidad local y a otros, incluidos sus propios combatientes supuestamente desmovilizados, podrían tener acceso a subvenciones para desarrollar proyectos agrícolas en estas tierras en virtud del programa de 'reinserción rural' anunciado por el Gobierno en abril de 2005".

Este programa de 'reinserción rural' prevé la financiación gubernamental de proyectos agroindustriales que reúnan a campesinos, personas desplazadas y paramilitares desmovilizados. "Estos últimos constituirían la mitad de los que trabajan en cada proyecto. De hecho, varios grupos paramilitares ya han anunciado su intención de promover proyectos de desarrollo económico para sus miembros y la comunidad local de zonas bajo su control", advirtió.

"Estos proyectos --indicó AI-- también podrían desarrollarse en tierras colectivas cedidas a comunidades afrodescendientes e indígenas, lo cual podría desvirtuar la independencia de los Consejos Comunitarios, que determinan la forma en que se explotan las tierras y obligarlos a adoptar políticas contrarias a los intereses de la comunidad". "De nuevo, cualquier oposición podría encontrarse con violencia o amenazas de violencia", sentenció Amnistía.

RECOMENDACIONES A LOS CANDIDATOS

Ante esta situación, AI insta también a los candidatos presidenciales a utilizar sus plataformas de campaña para expresar públicamente apoyo a la introducción "de un marco jurídico basado en los Derechos Humanos para la desmovilización de los grupos armados ilegales". "Todo marco jurídico debe ser compatible con las recomendaciones de la ONU y garantizar la devolución de las tierras robadas por los paramilitares a sus propietarios legítimos o a sus descendientes", puntualizó AI.

"Si son serios en su intención de dirigir el país, todos los candidatos presidenciales deben elaborar propuestas creíbles de tratamiento de la crisis de Derechos Humanos de Colombia. Si no lo hacen, corren el peligro de ser parte del problema", señaló el director del Programa de Amnistía para América, Javier Zúñiga.

Asimismo, AI pide a los candidatos que se comprometan públicamente a reconocer la crisis humanitaria y el conflicto armado interno en su país; aplicar las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, que incluyen poner fin a la impunidad, y garantizar el respeto pleno de los Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de seguridad.

"El escándalo de la impunidad nunca se resolverá si no existe el compromiso de garantizar que los casos de Derechos Humanos en los que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad serán investigados únicamente por el sistema de justicia ordinaria, como dictaba una sentencia de 1997 de la Corte Constitucional, y no por el sistema de justicia penal militar, que continúa reclamando su competencia en muchos casos", destacó AI.

Además, solicitaron a los candidatos la firma de un acuerdo humanitario con la guerrilla para proteger a la población civil del conflicto. "En toda Colombia, al menos 140 civiles murieron y más de 270 fueron secuestrados por los grupos guerrilleros en la primera mitad de 2005", rememoraron.

Asimismo, les pidieron defender a los activistas sociales y proteger a los civiles con mayor riesgo, como las mujeres y los pueblos indígenas. "En 2005 perdieron la vida más de 70 sindicalistas, siete defensores de los derechos humanos y 17 activistas comunitarios", resaltaron.

"Como candidato presidencial, AI espera que haga usted de estos motivos de preocupación en materia de Derechos Humanos el eje central de su campaña y que, si gana las elecciones del 28 de mayo, que ocupen un lugar básico en su administración", solicitaron, comprometiéndose a seguir "presionando a la comunidad internacional y las organizaciones internacionales para que apoyen los esfuerzos de Colombia para conseguir" el objetivo de la paz.