Un total de 32 firmas cierran el texto entregado por Mancuso y que remite a la Constitución para justificar las actuaciones de las AUC
BOGOTÁ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los paramilitares y un grupo de políticos colombianos, en su mayoría congresistas, firmaron en 2001 un documento "confidencial y secreto" en el que pactaron "refundar" el país y "firmar un nuevo contrato social", en la época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometieron sus crímenes más cruentos, protagonizando masacres de campesinos, torturas y extorsión.
El documento fue remitido ayer por el fiscal general, Mario Iguarán, a la Corte Suprema de Justicia después de que le fuera entregado por el ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso, quien estos días está declarando ante los tribunales de la Ley de Justicia y Paz, marco legal del proceso de desmovilización de los paramilitares.
Fue el senador Miguel de la Espriella quien reveló el pasado noviembre la existencia de este texto, suscrito el 23 de julio de 2001, pero ha sido ahora cuando la Corte Suprema puede disponer de él físicamente. En el acuerdo figuran las firmas de cuatro senadores, siete miembros de la Cámara de Representantes, dos gobernadores y cinco alcaldes, según el diario local 'El Tiempo'.
De la Espriella indicó que el pacto se estableció tras una reunión en Santa Fe del Ralito (departamento de Córdoba) y que tenía como objetivo la creación de un movimiento político para defender las tesis de uno de los grupos ilegales más crueles de la historia de la violencia en Colombia.
DEFENSA DEL ESTADO E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO
De hecho, el texto acude a artículos de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos que hacen énfasis en la defensa del Estado y la integridad del territorio. "Construir esta Nueva Colombia --señala el documento de cinco párrafos-- es un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad y tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, es nuestro desafío".
"Hoy (la Constitución) nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social", señala el texto, que tiene 32 firmas correspondientes a paramilitares y políticos colombianos.
Pese al contenido ideológico y a las alusiones a la búsqueda de la paz, lo más escandaloso de este texto que ha salido a la luz más de cinco años después de su elaboración es ver los nombres de reconocidos políticos debajo de los de Salvatore Mancuso, 'don Berna', 'Jorge 40' y 'Diego Vecino', entre otros, a quienes se atribuyen masacres y miles de desplazados que en el mismo año de la firma del documento aterrorizaban a la sociedad colombiana.
La Corte Suprema decidirá ahora si abre una investigación a estos políticos y los llama a declarar. De ser así, ya serían más de 20 los congresistas vinculados al escándalo de la denominada 'parapolítica', que investiga los presuntos nexos entre parlamentarios, dirigentes políticos y empresarios con la organización paramilitar.
SÓLO DOS CONFESIONES
Sólo Luis Carlos Ordosgoitia, quien abandonó su cargo en el Instituto Nacional de Concesiones a finales de 2006 por sus contactos pasados con las AUC, y la ex congresista Eleonora Pineda habían admitido que asistieron a la cita de Santa Fe del Ralito. El resto deberá explicar ahora su participación. "Por supuesto que lo firmé (el documento), no sólo ese, sino otros, porque los consideré importantes para la paz del país", explicó Pineda.
El documento involucra al dirigente del Partido Conservador, Julio Manzur, y a la organización de Juan Manuel López Cabrales, conocido miembro del Partido Liberal en el departamento de Córdoba y a nivel nacional, ya que consiguió la segunda mayor votación para el Senado el pasado marzo.
Con la revelación del texto, sus planes de mantener el poder en la Gobernación de Córdoba podrían verse perjudicados porque su candidato, el ex diputado Freddy Sánchez, también está involucrado en la reunión con los 'paras'. Aunque Manzur no firma el texto, sí aparecen su mano derecha en 2001, Rodrigo Burgos, y la formación política, Ordosgoitia, a la que pertenecía cuando fue elegido senador.
PROCESO DE PAZ y 'PARAPOLÍTICA'
El Gobierno colombiano, presidido por Álvaro Uribe desde 2002, y las autodefensas iniciaron un proceso de paz por el que los paramilitares que cesen en la hostilidades y se desmovilicen bajo el marco legal de la Ley de Justicia y Paz, creada por el Ejecutivo, serán condenados a penas de entre cinco y ocho años de prisión.
Los firmantes del proceso definieron también la creación de las condiciones necesarias de seguridad y de reunión para los miembros que se desmovilicen, por lo que se determinaron lugares específicos bajo la protección de la fuerza pública para que los paramilitares se concentren en regiones específicas, incluyendo los mandos altos de este grupo ilegal.
El grupo paramilitar, liderado por Carlos Castaño --asesinado en 2004, presuntamente por orden de su hermano Vicente, y cuyo cadáver fue hallado el pasado septiembre-- y Salvatore Mancuso, entre otros, acordó también el respaldo a las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico, e instaron a la presencia y colaboración de la Iglesia católica en el proceso de paz.
El escándalo de la llamada 'parapolítica' --vínculos entre los 'paras' y parlamentarios, alcaldes o gobernadores-- se confirmó el pasado octubre, cuando los congresistas Álvaro García, Jairo Enrique Merlano y Erik Morris fueron interrogados por la Corte Suprema en relación a sus presuntos nexos con las AUC, causa que estaba basada en unos archivos informáticos del Bloque Norte que fueron decomisados en marzo por las autoridades judiciales.
Además, el senador Álvaro Araújo, hermano de la ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araujo, reconoció públicamente en noviembre que se había reunido con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', para hablar de las amenazas en su contra, pero aclaró que el encuentro no tenía ninguna intención de concretar un proyecto político.
Mientras, los ex jefes paramilitares recluídos en el centro recreativo de La Ceja (departamento de Antioquia) pidieron a empresarios, militares y políticos que admitan su posible participación en la creación e impulso de este grupo paramilitar, petición que fue manifestada también por el propio presidente, Álvaro Uribe.
Días después, el Gobierno exigió la entrega a la Justicia del documento que dirigentes políticos habían firmado como apoyo al grupo paramilitar. Varios congresistas, además, aseguraron que el encuentro fue autorizado por el entonces presidente, Andrés Pastrana, pero el Comisionado para la Paz en ese momento, Camilo Gómez, negó la versión del supuesto permiso.
DECLARACIÓN DE SALVATORE MANCUSO
A primeros de diciembre, las AUC dieron por terminado el proceso de paz con el Ejecutivo después de que los 59 jefes desmovilizados recluídos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí fueran trasladados a este centro, ya que el Gobierno les había asegurado que permanecerían en el centro recreativo de La Ceja. La decisión se tomó debido a denuncias de intento de fuga y de órdenes de asesinatos desde dentro, extremos que nunca han sido confirmados.
El pasado mes comenzaron las confesiones ante los tribunales de Justicia y Paz de varios paramilitares, pero el que ha generado la mayor expectación ha sido, sin duda, Salvatore Mancuso, quien entonces pidió perdón a las víctimas y sus familias por los crímenes de las AUC, aunque en un principio no reconoció sus propios delitos.
No fue hasta el pasado día 15 cuando reconoció su participación en 87 actos criminales, que incluyen masacres, secuestros y tráfico de armas, y dijo haber sido el autor intelectual de 336 asesinatos de personas conocidas así como de cientos más que todavía no están identificadas.