9 de junio de 2006

Crónica Colombia.-San José de Apartadó busca ayuda en España para que masacres contra comunidad de paz no queden impunes

Dicen que no esperan "nada" del segundo mandato de Uribe y confían en las demandas presentadas en el Tribunal Penal Internacional y España

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres representantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Colombia) visitaron España en los últimos días para trasladar a las autoridades de nuestro país la situación de inseguridad y violencia que sufren desde su nacimiento hace ya casi diez años y para pedir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que exija al presidente del país, Alvaro Uribe, que investigue las masacres contra la comunidad.

Durante su estancia en España, acompañados por miembros de la ONG Acompaz, los tres representantes de la comunidad de paz mantuvieron una amplia agenda de contactos con diferentes medios de comunicación, así como con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, y con el diputado de IU Fausto Fernández.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gildardo Tuberquia, Vladimir Arteaga y Luz Marina David confiaron en que tras su paso por España el Gobierno de Zapatero exija a Uribe una investigación "veraz y contundente" de las matanzas y asesinatos para que no queden en la impunidad, sobre todo la registrada el 21 de febrero de 2005, además de pedir un seguimiento del apoyo económico que se presta a Colombia.

"Nosotros somos parte de un proyecto de paz, estamos en contra de la guerra y no nos consideramos enemigos ni atacamos al Estado", aseguran Gildardo y Vladimir, quienes insisten en varias ocasiones que sólo piden que se cumpla la Constitución. Sin embargo, ambos son conscientes de que la sola existencia de la comunidad de paz "es muy incómoda para mucha gente en Colombia".

RESISTENCIA PACIFICA NO VIOLENTA

Gildardo es una de las diez personas elegidas democráticamente por los miembros de la comunidad de paz para formar el Consejo Interno, una especie de órgano de gobierno en el que ejerce labores de coordinador económico. Así como el resto de los líderes comunitarios, ha sido víctima de amenazas de toda índole y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades gubernamentales.

La comunidad de paz fue creada por un grupo de campesinos el 23 de marzo de 1997 con el apoyo de la iglesia y algunas ONG. Se encuentra en el municipio de Apartadó del departamento de Antioquia, y son alrededor de 14 veredas cerca de la frontera con Panamá, una zona que está en disputada por guerrilleros y paramilitares.

En la actualidad está integrada por unas 1.800 personas que se comprometieron a no participar ni directa ni indirectamente en la guerra, a no portar armas, a denunciar públicamente las violaciones de Derechos Humanos cometidas por todos los actores armados presentes en el conflicto colombiano, a participar en actividades y trabajos comunitarios y a no reaccionar con violencia ante la violencia.

Y en esta comunidad saben muy bien lo que es la violencia. Desde que optaron por su estrategia de neutralidad y no violencia han sido asesinados más de 170 integrantes y han sufrido unas 500 violaciones de DDHH, como violaciones a muchas de sus mujeres, persecuciones de agentes policiales, retenes paramilitares, desplazamientos forzosos, bloqueos económicos, robos de dinero o incendios de viviendas.

JUSTICIA INTERNACIONAL

Ante las agresiones la comunidad de paz ha abierto nuevos frentes para acabar con el manto de silencio que rodea a las masacres. Hace un año y medio presentaron una demanda ante la justicia española y confían en que se defina antes de finalizar 2006. "Pero para nosotros no será tan fácil como con Pinochet, porque Uribe es un presidente elegido democráticamente y en activo", aseguran desde Acompaz.

Además, un grupo de parlamentarios colombianos elevó en junio de 2005 una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional por la masacre del 21 de febrero, ante la falta investigaciones en Colombia porque, según denuncian, se quiere desviar la atención sobre la verdad y la responsabilidad del Estado en la matanza. Sin embargo, hasta el momento tampoco ha habido respuesta de la justicia internacional.

Mientras, la comunidad busca apoyos a través de hermanamientos con municipios extranjeros. En la actualidad está hermanada con Burgos y Alburquerque, y estudia un acuerdo similar con Oviedo y Zaragoza, no tanto por la cuestión económica sino por la capacidad de denuncia que conlleva tener este tipo de apoyos internacionales cuando se producen nuevas matanzas o violaciones de Derechos Humanos.

Otro de los frentes abiertos son los contactos periódicos entre miembros de la comunidad de paz y representantes diplomáticos de las embajadas extranjeras, que tienen lugar cada dos o tres meses y que, según destacan, sirven para que conozcan la situación que padecen y trasladen su preocupación a las autoridades colombianas y a sus respectivos gobiernos.

"NO ESPERAMOS NADA DE URIBE"

Cuando se les pregunta por el futuro tras la reelección de Uribe, los tres coinciden en que no esperan nada de su segundo mandato. De hecho, recuerdan que la mayoría de los miembros de la comunidad, por decisión personal, no acudió a votar el 28 de mayo. "No votamos porque no creemos en el sistema. Y como nosotros muchos más, y prueba de ello es la abstención que hubo, del 55 por ciento", explican.

Por otro lado, Gildardo se muestra tajante ante las acusaciones del Gobierno de Uribe por su supuesta falta de colaboración con la justicia. "No dicen la verdad. Durante un tiempo dimos más de 100 testimonios de varias masacres, y resulta que tiempo después algunos de los testigos que aportaron datos al final aparecieron muertos en alguna vereda", denuncia el joven agricultor.

De hecho, recuerda que no ha habido resultados de ninguno de las investigaciones abiertas por la comisión que se creó ante los más de 170 asesinatos cometidos en los últimos años contra la comunidad. "Ni un solo detenido, todo sigue en la más absoluta impunidad, y luego dicen que no queremos colaborar. ¿Para qué?", se pregunta.

"Los militares del Ejército cobran por cada guerrillero que matan, muchos de los cuales en realidad somos civiles. Y desde que están presentes en nuestra comunidad no nos ayudan. En realidad lo que hacen muchas veces es colocar a la población civil como escudos en sus combates con la guerrilla. ¿Y para eso vienen?", añade Gildardo.

REINSERCION PARA "LEGALIZAR" EL ROBO DE TIERRAS

Otras de las grandes mentiras del Gobierno es la reinserción, de la que dicen que es "completamente falsa". Aseguran que tanto los guerrilleros como los paras que dicen haber abandonado las armas en realidad forman parte del programa de Familias Guardabosques, puesto en marcha por el Gobierno de Uribe y con el que, según denuncian, lo único que se ha hecho es "legalizar el robo de nuestras tierras".

La comunidad también ha denunciado en reiteradas ocasiones los ataques que sufren por parte de la fuerza pública a sus mercados de comercio justo para "ahogarles" económicamente. "Cada vez que vamos a montar el mercado viene gente del Ejército y nos roban nuestros productos o nos destrozan nuestras pertenencias", denuncian.

Otra de las quejas que tienen son los llamados "empadronamientos ilegales" por parte de las autoridades policiales de la zona, que paran a los miembros de la comunidad para registrarles sus casas o tomar sus datos personales, a pesar de que existe un fallo de la Corte Constitucional contrario a este tipo de actuaciones.

Los miembros de la comunidad tienen claro el tipo de presencia de la fuerza pública que quieren, y no la que proponen las autoridades: apoyo en materia sanitaria y educativa, y no sólo el Ejército y la Policía. "Aunque es cierto que vienen y ofrecen algún tipo de ayuda luego nos roban las tierras y nuestras bestias", sentencia indignada Luz Marina.