El director de AI-España afirma que la detención del ex dictador "marcó una nueva era para los Derechos Humanos"
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) instó hoy a las autoridades españolas a superar los "obstáculos" legislativos, judicial y políticos que impiden "una efectiva aplicación del principios de jurisdicción universal en España" y pidió al respecto que el Código Penal tipifique adecuadamente como delitos la desaparición forzosa y la ejecución extrajudicial y defina el delito de tortura "conforme al Derecho Internacional". Asimismo, afirmó que "el mismo país que hace diez años pidió la extradición de Pinochet" debe avanzar en la búsqueda de "la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la guerra civil y el franquismo".
El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, expuso hoy estas peticiones en una rueda de prensa celebrada en Madrid en víspera del décimo aniversario de la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, un acontecimiento que, a juicio de la organización, "marcó una nueva era para los Derechos Humanos", porque "llevó la esperanza" a las víctimas chilenas.
"Hace diez años, nadie pensaba que alguien como Pinochet podía ser detenido en Londres", declaró Beltrán. Aquel día, cuando un "educado policía británico" le informó de que había sido detenido por orden de un juez español, Baltasar Garzón, "todo el mundo entendió lo que era la Justicia universal".
Aquel caso, aseguró, inspiró actuaciones similares en otros países, como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza, y permitió que desde entonces se produjese "la detención y procesamiento de muchos de los responsables de los más graves crímenes", incluidos antiguos jefes de Estado, como el peruano Alberto Fujimori y el liberiano Charles Taylor, prosiguió.
Aparte, en este periodo se ha creado el Tribunal Penal Internacional (TPI) cuyo fiscal, Luis Moreno Ocampo, ordenó el pasado mes de junio "el procesamiento, por primera vez, de un jefe de Estado en ejercicio, el presidente sudanés Omar Hasan al Bachir", destacó Beltrán. "Todavía no están todos los que son, pero de lo que están todos lo son", afirmó.
Estos "grandes avances" se han registrado en todo el mundo, "también en España", aseguró. Según Beltrán, desde entonces se han presentado en nuestro país 17 demandas judiciales basadas en la jurisdicción universal. De ellas, once han sido admitidas a trámite, ya sea en fase de instrucción o con auto de procesamiento.
Son los casos de Chile (Pinochet y otros), Argentina (solicitud de extradición de 40 personas y caso Cavallo), Guatemala, China (Tíbet y Falun Gong), Sáhara Occidental, 'caso Couso', Ruanda, campos de concentración nazis y el conflicto de Oriente Próximo. En un caso --el del argentino Adolfo Scilingo--, se ha llegado a celebrar un juicio oral que ha terminado en un sentencia condenatoria.
No obstante, Beltrán advirtió del riesgo de que estos avances se trunquen e incluso haya retrocesos, "también en España". Al respecto, puso como ejemplos "los intentos de socavar el trabajo del TPI", un tribunal "sometido a los tironeos de los poderosos, muy especialmente del Gobierno de Estados Unidos" y de los regímenes de Rusia, Israel o China. Estas presiones, como las reacciones de China y la Unión Africana contrarias al TPI en el caso Bachir, "pueden vaciarlo de contenido real como Tribunal", advirtió.
Otros riesgos denunciados por Beltrán son las amenazas a "la prohibición absoluta de la tortura", que se aprecian en el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos haya aprobado una ley que "permite la presentación ante un tribunal de las pruebas obtenidas mediante coacción", o las actitudes contrarias a la injerencia externa en los países, expresadas en la frase: "que no se metan en la forma en que yo trato a mis ciudadanos".
OBSTÁCULOS EN ESPAÑA
En el caso español, según Beltrán, es necesario superar una serie de obstáculos para la correcta aplicación de la justicia internacional. Por ejemplo, consideró necesario que la reforma del Código Penal tipifique como delito las conductas prohibidas por el Derecho Internacional y calificó de "grave" que el ordenamiento jurídico español no haya definido el delito de tortura "conforme al Derecho Internacional y no haya tipificado adecuadamente los delitos de desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y sumarias y los crímenes de índole sexual.
Por otra parte, Esteban Beltrán lamentó que en "ninguno" de los casos de jurisdicción internacional presentados ante la Justicia española la Fiscalía General del Estado haya actuado de oficio y denunció la "falta de voluntad política" para cooperar con los tribunales que ejercen su jurisdicción de conformidad con el derecho interno y el Derecho Internacional, como se revela en el hecho de que se tardase "diez años en tramitar las extradiciones" relacionadas con los casos abiertos en Argentina o Guatemala.
Asimismo, Beltrán pidió que España presione a otros países, com Chile, Brasil o Uruguay, para que deroguen sus propias leyes de Amnistía y lamentó la práctica de los tribunales españoles de recurrir al Derecho Internacional sólo como fuente de interpretación, mostrándose reacios a la aplicación directa del mismo.
Amnistía considera también necesaria la derogación de los artículos dos y tres de la Ley de Cooperación con el TPI, por considerar que son contrarios al principio de complementariedad, en virtud del cual delitos como el genocidio o los crímenes de guerra y contra la Humanidad sólo corresponden al Tribunal de La Haya en caso de que no los asuma la propia Justicia penal de los Estados más directamente relacionados.
Esta Ley, afirmó Beltrán, convierte a la Audiencia Nacional en "una oficina de correos". "Todo lo que llega a la Audiencia Nacional", en aplicación de la Ley, "debe enviarse al TPI, lo cual supone un ataque a los propios estatutos del Tribunal, según los cuales sólo es una instancia complenentaria de las justicias nacionales", prosiguió. "La Audiencia Nacional debe dejar de ser un cartero de la Justicia universal y empezar a abocarse a conocer las causas", añadió.
Por último, a juicio de Beltrán, "el mismo país que hace diez años pidió la extradición de Pinochet no puede dejar de avanzar en lo referente a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la guerra civil y el franquismo", ya que "son víctimas legalmente reconocidas por las leyes internacionales". "No sólo tienen derecho las víctimas de Pinochet, Argentina o Camboya, también las víctimas de nuestro país", aseveró.
"QUE LAS PESADILLAS LAS TENGAN ELLOS"
Por su parte, el abogado Joan Garcés, director de la acusación particular y popular del proceso seguido desde julio de 1997 en la Audiencia Nacional contra Pinochet, declaró en la misma rueda de prensa que la detención del ex dictador chileno reveló, por las reacciones "espontáneas de alegría" que produjo, que había una conciencia internacional en favor de la Justicia universal y generó el "miedo de responsables políticos que se vieron a sí mismos simbólicamente detenidos en la persona de Pinochet".
Macela Prádenas, chilena desaparecida en 1985, residente en España desde 1986 e implicada entre 1999 y 2000 en las protestas contra la liberación de Pinochet por parte del Gobierno británico, afirmó que la acción contra el ex presidente permitió que "los tiranos, los dictadores, los abusadores, se dieran cuenta de que no podían pasearse por Europa libremente".
"Parece poca cosa, pero para nosotros fue muy importante en ese momento", aseveró. "Lo que queremos es que dejemos de ser nosotros los que tengamos pesadillas y que las empiecen a tener los violadores de Derechos Humanos", declaró.