Actualizado 14/04/2007 14:22

Crónica Ecuador.-Más de nueve millones de ecuatorianos deciden mañana si dan plenos poderes para cambiar la Constitución

De ganar la opción del 'Sí' la Asamblea Constituyente tendrá la facultad de modificar todo el sistema político y de Gobierno del país


QUITO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mañana finalmente se realizará la consulta popular en la que 9.188.787 de ecuatorianos decidirán si otorgan o no 'plenos poderes' a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la actual Carta Magna, y darle así un respaldo definitivo al proyecto político del presidente Rafael Correa.

La consulta popular, la primera que se hace en Ecuador desde el comienzo de la democracia en 1979, se centra en una sola pregunta a la que los ciudadanos deberán responder 'Sí' o 'No': "¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el Estatuto Electoral que se adjunta, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?".

De llegar a ganar la opción afirmativa se procedería entonces a instalar una asamblea con 'plenos poderes' que estará integrada por un grupo de legisladores que serán elegidos a través de un estatuto que pondrá en "igualdad de condiciones" a los ciudadanos y a los partidos políticos. Estos asambleístas serán los encargados de reformar cada uno de los artículos de la actual Constitución.

Este ha sido el proyecto que Correa ha promovido desde que comenzó su campaña presidencial el año pasado y que ha generado enormes controversias en la vida política y social de Ecuador, ya que los detractores aseguran que se le estará dando toda la facultad al mandatario ecuatoriano para "moldear" el país "a su manera", ya que los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- estarán sometidos a la autoridad de la Constituyente. Así, evocan la experiencia de Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez en 1999 instaló una asamblea en la que reformó completamente la estructura política, económica y administrativa del Estado para reivindicar su proyecto del "socialismo del siglo 21".

A este respecto, Correa ha insistido en reiteradas oportunidades que "han pretendido confundir y crear temor" al señalar que los 'plenos poderes' significa que el Gobierno podrá entonces "atentar contra la propiedad privada, contra derechos fundamentales de la familia y los seres humanos", lo cual el califica como algo "absurdo" pues la esencia de esta iniciativa es corregir los "defectos substanciales" de la Constitución como "su carácter patrimonialista y corporativista".

Los 'plenos poderes' incluyen la potestad a la Asamblea de cambiar el nombre al país y declarar otra moneda como oficial, que según la Constitución Política de Ecuador vigente es el sucre. Otra de las opciones que tendría sería la posibilidad de alargar el periodo presidencial o permitir incluso su reelección inmediata. Además, ostentarían la potestad de aprobar, modificar o sustituir reglamentos, leyes o códigos.

No obstante, la falta de información a los ciudadanos ha sido un elemento que ha predominado durante la promoción de la consulta popular que fue convocada el pasado 2 de marzo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sondeos realizados por empresas especializadas, señalan que cerca del 40 por ciento de los ecuatorianos desconocen los alcances y funciones de la Asamblea Constituyente, lo que hace pensar que en el referendo del domingo podría haber una abstención de más del 30 por ciento.

Para Correa este referendo es decisivo en su vida política, por lo que esta semana manifestó que estaría dispuesto a renunciar si gana el 'No', alegando que eso supondría "un rechazo al Gobierno", por lo que lo más recomendable para él sería irse "dignamente" porque quiere decir que "los ciudadanos eligieron continuar con los mismos de siempre".

CRISIS EN EL CONGRESO

El pasado 2 de marzo, el presidente del TSE, Jorge Acosta, hizo la convocatoria a la consulta popular del 15 de abril para decidir si se instala o no una Asamblea Constituyente, hecho que despertó una gran controversia en el país, en especial, por parte de los diputados del Congreso que pertenecen a los partidos de la oposición quienes cinco días después decidieron destituir al director del organismo comicial.

El legislador opositor Carlos Larriátegui pidió en su momento al Parlamento que demandara "la inconstitucionalidad de la "convocatoria" por ser "híbrida y vacía", y advirtió que con esta decisión comienza a gestarse en el país una "dictadura".

Ante esta situación, el TSE condenó esta decisión "ilegítima" que fue anulada inmediatamente y ordenó la suspensión de 57 diputados, dejando al Congreso con menos de la mitad del quórum lo que provocó la paralización inevitable de las actividades legislativas.

Este incidente generó grandes confusiones cuando la Sala Constitucional, siendo éste último el que admitiera el recurso de queja por el Partido Social Cristiano (PSC), impugnando dicha resolución, mientras que el presidente del Parlamento, Jorge Cevallos, ordenaba juramentar a más de 30 diputados suplentes para poder continuar con las sesiones.

Las actividades legislativas continuaron hasta ayer cuando 57 parlamentarios acudieron a la sesión y, pese a que tuvieron que suspenderla tras detonar una bomba lacrimógena en el hemiciclo, aprobaron una resolución que define el mecanismo para reestructurar las comisiones el próximo martes 17, con lo que da por aclaro el hecho de que los legisladores destituidos no podrán regresar a ocupar sus escaños.

LA OEA EXPRESA PREOCUPACIÓN

A este respecto, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado en los últimos días su preocupación por esta crisis que esta viviendo Ecuador y espera que con la consulta popular termine la "crispación" política y se logre superar la "fase de contienda" que ha obstaculizado el desarrollo de las actividades legislativas y de Gobierno.

El jefe de la Misión de Observadores, Enrique Correa, señaló que técnicamente la etapa previa al referendo del próximo domingo se desarrolla en un "clima de normalidad y sin contratiempos", pero mantiene ciertas dudas por el clima de confrontación que se respira en esta nación andina.

No obstante, aseguró no tener indicios "ni señales" que se esté preparando un fraude para alterar el curso del referendo e insistió en su deseo de que los resultados se conozcan con la mayor celeridad para evitar problemas y que "todo termine tranquilo".

La OEA tiene 23 observadores distribuidos en todas las provincias del país que estarán atentos ante "cualquier denuncia de intento de distorsión del voto ciudadano".