24 de febrero de 2006

Crónica Ecuador.- Palacio levanta el estado de emergencia en Napo tras acceder a las demandas de los manifestantes

El Gobierno liberó a los manifestantes detenidos y comprometió 20 millones de dólares a inversión social en la zona

QUITO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, levantó hoy el estado de emergencia (excepción) en la provincia petrolera de Napo, tras alcanzar un polémico acuerdo con autoridades de esa provincia que puso fin a un paro de cuatro días, que se saldaron con un muerto, más de 30 heridos --ciudadanos y miembros de la Policía--, 35 detenidos y daños en instalaciones petroleras con pérdidas aún no cuantificadas.

Los dirigentes del paro exigían la libertad de los manifestantes detenidos durante las protestas, entre ellos los dos alcaldes; la suspensión del inicio de acciones legales contra supuestos responsables de actos vandálicos y el levantamiento del estado de emergencia.

Fuentes del Ministerio de Gobierno ecuatoriano dijeron a la agencia 'Notimex' que el decreto para el cese del estado de emergencia fue expedido hoy viernes, después que los líderes de la huelga, que comenzó el lunes pasado, llegaran anoche a compromisos con varios ministros del gabinete de Palacio.

Esos acuerdos implican el financiamiento del 76% del coste de proyectos que presenten autoridades de esa región, con el compromiso de éstas de poner el 24% restante, y la asignación de 200 docentes para escuelas de la zona.

En total, según el diario local 'El Telégrafo', el Gobierno se comprometió a destinar unos 20 millones de dólares a obras sociales, infraestructura vial y en la terminación del aeropuerto de Tena, la capital provincial, inversiones a las que se prometió el anterior Gobierno, presidido por Lucio Gutiérrez.

LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS

Además, el Gobierno prometió liberar a todos los manifestantes detenidos durante los días de la huelga, inclusive los alcaldes de Tena y Santa Clara, Washington Varela y Rigoberto Reyes, respectivamente, que continuaban en prisión hasta la fecha.

Fuentes policiales dijeron este viernes que ese compromiso fue cumplido, salvo el caso de tres civiles detenidos por su presunta responsabilidad en la sustracción de equipo informático de una estación de bombeo de un oleoducto privado, ocupada durante el paro.

El hecho, ocurrido el miércoles en Baeza, uno de los dos escenarios principales de las movilizaciones de los huelguistas, a unos 90 kilómetros al este de Quito, derivó en la suspensión de las operaciones de ese oleoducto, que durará hasta el domingo próximo.

Fuentes oficiales dijeron que las fuerzas del orden se retiraron de la provincia, pero que el Ejército continúa resguardando lugares estratégicos de los dos oleoductos, así como otras instalaciones petroleras de la zona.

El presidente Palacio había asegurado que no se permitiría que los hechos violentos queden en la impunidad. "No podemos admitir que por ninguna razón se violente el Estado de derecho, se cometan violencias contra ecuatorianos, contra las instituciones del Estado e inclusive contra la economía nacional", puntualizó.

Además, enfatizó que no admitiría, como presidente del país, que dentro de las negociaciones se incluya que no se adopten sanciones contra los promotores del paro y los que han cometido hechos violentos. En este sentido, agregó que las investigaciones afortunadamente ya se encuentran en manos del Ministerio Público y "yo no pienso pedir en lo absoluto que eso sea revisado".

PELIGROSOS COMPROMISOS ECONOMICOS

Los compromisos económicos a los que llegó el Gobierno con autoridades de Napo y otras ofertas económicas a las provincias son cuestionados por expertos, que temen que afecten las metas del programa económico gubernamental.

En 2005, Ecuador terminó con una inflación de 4,6% y el Banco Central del Ecuador estimó que, para 2006, la cifra llegará a 2.4%, siempre que ocurran supuestos, entre ellos un superávit primario de 1.8% del PIB. Pero la inflación subiría hasta el 4.2% e inclusive podría llegar a 8,0%, en caso de que el Gobierno no logre ejecutar una austera política fiscal.

En los próximas días, el presidente Palacio deberá enfrentar demandas de autoridades de la provincia de Cotopaxi, contigua a Quito por el sur, bajo advertencia un paro de actividades a partir del próximo 13 de marzo, en caso que no sean atendidas.

REANUDAR LAS OPERACIONES

A través de un comunicado, el consorcio operador del oleoducto de crudos pesados (OCP), que se mantiene inactivo por los daños causados por los manifestantes el pasado martes, informó de que, tras recuperar las instalaciones de la estación de bombeo Sardinas, se inició una inspección, para descartar la presencia de artefactos explosivos en el lugar.

"La empresa, a través de una minuciosa inspección, se aseguro que no existan explosivos u otro material peligroso que pueda comprometer la seguridad de las personas y de la infraestructura", señala finalmente el comunicado.

La empresa estima que los trabajos se podrían reanudar este domingo, aunque señala que esa la fecha podría postergarse, dependiendo de los daños ocasionados, que están siendo cuantificados, según precisa en la nota.

OCP señaló que la recuperación del control de la estación de Sardinas, que fue tomada por manifestantes que además retuvieron a 24 trabajadores como parte de sus protestas, se logro gracias al apoyo de la fuerza pública.

LA FRAGILIDAD DEL PACTO

Uno de diputados participantes en las negociaciones con el Ejecutivo, Julio González, aseguró que los problemas registrados para poder negociar con el Gobierno denotan que existe una disputa dentro de la administración.

A su juicio, el Estado de emergencia declarado en Napo el lunes pasado no debe ser un instrumento fácil del Gobierno para imponer a la fuerza un acuerdo. Reconoció que lo pactado roza la fragilidad, por lo que el paro podría reanudarse la próxima semana si el Ejecutivo no cumple con los compromisos alcanzados.