Los republicanos critican lo que potencialmente podría convertirse en una amnistía para los 12 millones de ilegales
NUEVA YORK, 16 May. (del corresponsal de EUROPA PRESS Carlos López) -
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no ha logrado la cohesión esperada en torno a su propuesta de ley de inmigración, que prevé una regularización de los ilegales residentes en el país y el refuerzo de la frontera, e incluso ha elevado el tono de las críticas de republicanos y demócratas, unos por la potencial amnistía que supone y otros por el coste de las medidas.
Durante el discurso de veinte minutos pronunciado ayer por el presidente Bush se desprendieron dos ideas fundamentales en la nueva ley que el líder republicano desea que el Congreso presente antes de final de mes para su aprobación. Por una parte, una propuesta que regularice a los inmigrantes pero que no suponga una amnistía y por otra parte la transferencia de 6.000 miembros de la guardia nacional para controlar la frontera con México.
En el primero de los casos Bush dejó claro que su idea no debía ser interpretada como una amnistía y exigiría a los ilegales presentes en Estados Unidos el pago "significativo" de una multa, demostrar el conocimiento del inglés, justificación de la residencia durante varios años y mantenimiento estable de un empleo.
Ayer mismo, el representante republicano por el Estado de Ohio y líder de la mayoría en la Cámara Baja, John Boehner, manifestó su posición sobre la propuesta subrayando el apoyo de su grupo a cualquier medida que suponga el fortalecimiento de la seguridad en la frontera "para detener la inmigración ilegal" de manera permanente pero omitió pronunciarse sobre la propuesta de regularización de Bush.
En este sentido, el presidente del Comité Presupuestario de la Cámara Alta y senador por New Hampshire, Judd Gregg, se expresó en los mismos términos, apoyando la propuesta de Bush de incrementar el presupuesto destinado a mejorar el control y la seguridad de la frontera con México mediante la adquisición de nuevo material pero sin aportar ninguna valoración sobre la regularización de ilegales.
El plan de Bush prevé el desplazamiento de manera provisional de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional que cooperarían con las fuerzas de protección fronteriza durante el plazo de un año, hasta aproximadamente 2008, donde serían sustituidos por un número equivalentes de nuevos oficiales de fronteras. Además, la frontera sería fortalecida con elementos tecnológicos de vigilancia como sensores y cámaras infrarojas.
Según la Casa Blanca, la movilización de este contingente implicaría a unos 150.000 de los 400.000 efectivos que forman parte de la Guardia Nacional y en opinión de algunos republicanos, como el senador por Nebraska Chuck Hagel, supondría debilitar más aún el cuerpo dado su despliegue además en Irak y Afganistán, lo que pondría en peligro la seguridad nacional.
Pero las críticas también se extienden a la propuesta de un programa de trabajadores temporales antes de que los problemas que supone para la seguridad nacional la falta de control sobre la frontera puedan solventarse. La Cámara de Representantes aprobó el pasado mes de diciembre una ley para impedir la contratación de indocumentados y construir un muro de 700 millas con la frontera mexicana sin tener en cuenta ni el programa de trabajo temporal ni la legalización de inmigrantes.
LOS DEMÓCRATAS
En lo que se refiere a la postura demócrata, ayer, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, afirmó que Bush trataba "de romper el bloqueo político actual con una solución militar" que se podría traducir en otro "despliegue militar de larga duración", y si bien mostró su apoyo a la idea expresó su preocupación sobre lo que representaría esta medida para la Guardia Nacional y su capacidad de reacción en el caso de una emergencia.
El senador demócrata por Massachusetts Ted Kennedy apoyó por su parte la posición del presidente estadounidense en su referencia a la necesidad de regularizar la presencia de los inmigrantes ilegales presentes en el país, aunque expresó su preocupación por el envío de la guardia nacional que debilitaría aún más el cuerpo en caso de ser necesario para un suceso como el Huracán Katrina.