Advierte de que los que no se legalicen pasarán a ser "no personas" porque nadie los contratará y sólo les quedará la "autodeportación"
MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Emilio González, confió hoy en que la reforma migratoria impulsada por la Administración Bush se apruebe antes de terminar el año y que sea la "definitiva", por el alto coste "social, político y económico" de una reforma de estas características.
"En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que tiene que ser este año. No podemos dejar para el próximo año" la aprobación de la reforma migratoria, afirmó González en un encuentro con periodistas españoles en el marco de la visita de trabajo que está realizando estos días a España.
Así, recordó que el presidente George W. Bush ha dicho públicamente que le gustaría firmar la nueva ley para agosto, cuando el Congreso entra en receso. En estos momentos el proyecto de ley está siendo debatido en el Senado y, según dijo, tendrán que actuar "rápido" para remitir el proyecto a la Cámara de Representantes.
"DEFINITIVA"
Al parecer, según precisó González, la Cámara de Baja ya tiene "bastante adelantado" el debate sobre la reforma migratoria, por lo que de aprobarlo tendría que "conciliarlo" con la propuesta que salga del Senado. "Pero tiene que salir adelante antes de que termine el año", insistió.
Además, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración se mostró tajante al asegurar que una vez sea aprobada esta nueva reforma migratoria --las dos últimas fueron en 1986 y 1996--será la "definitiva" debido, entre otros aspectos, al alto costo político, económico y social que tiene para el Gobierno.
En otro punto, se refirió a las multas que contempla la reforma migratoria, tanto para los empresarios que contratan a trabajadores ilegales como para los inmigrantes sin regularizar, aunque aclaró que la cuantía de esas penalizaciones todavía se están debatiendo y no han sido ratificadas.
MULTAS
Este proyecto de ley propuesto por Bush establece que los inmigrantes indocumentados que quieran salir de la clandestinidad deberán pasar por un "periodo de prueba", tener un puesto de trabajo, mantener "limpios" sus antecedentes penales y pagar una primera multa de 1.000 dólares.
Además, para optar a la ciudadanía deberán pagar 5.000 dólares en multas, someterse a "múltiples" indagaciones de antecedentes, hablar un mínimo de inglés, volver a su país de origen para hacer la solicitud, demostrar sus méritos para obtener la residencia y situarse detrás de las personas que hicieron su solicitud legalmente.
En el caso de los empresarios, las multas se han fijado en un máximo de 5.000 dólares por cada trabajador ilegal contratado si es la primera infracción, en un máximo de 10.000 dólares por cada trabajador si se trata de la segunda vez y un máximo de 25.000 dólares en caso de una tercera infracción.
MULTAS A EMPRESARIOS
"Estoy seguro de que cualquier multa que finalmente se estipule para que un trabajador ilegal pueda legalizar su status optará por pagarla porque luego no habrá más oportunidades. Después, quien decida permanecer en el país de forma ilegal se le van a poner las cosas muy difíciles", advirtió.
En este sentido, consideró que la reforma será "tan benevolente" que todos querrán acogerse a ella, aunque reconoció que una vez aprobada subirán notablemente los índices de deportaciones porque los inmigrantes que no 'blanqueen' su situación no podrán trabajar ya que los empresarios no querrán contratarlos por "miedo" a las sanciones.
Sin embargo, el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración aclaró que no todos los inmigrantes que vayan a legalizar su status obtendrán la legalización porque eso sería una "amnistía". "Y entonces, ¿para qué hacerlo?", se preguntó González, quien acto seguido insistió en que los que no se legalicen serán deportados.
"SE CONVERTIRAN EN NO PERSONAS"
"Los que no quieran ser parte de ese proceso se van a ver como una no persona. No va a poder trabajar ni mantener su estatus dentro de la sociedad norteamericana, lo cual causaría una autodeportación porque si uno vive en un país y no tiene donde trabajar lo único que le queda es volver a su país de origen", añadió.
González subrayó que se trata de la tercera vez en los últimos 30 años que el Gobierno de Estados Unidos hace una regularización. "Esta será la última reforma. No queremos hacerlo cada diez años. Queremos que sea la última porque el costo social, político y económico es demasiado alto", insistió.
Por último, defendió la necesidad de reforzar la frontera con México, para lo cual se duplicarán los efectivos de la policía fronteriza y se incrementará la tecnología para poder detener, arrestar y deportar "a la mayor cantidad de personas que intenten cruzar ilegalmente la frontera".