27 de enero de 2006

Crónica Honduras.- Pobreza y delincuencia, los retos heredados para el Gobierno que asumirá hoy el poder en Honduras

Ricardo Maduro deja el beneficio de la condonación de la deuda externa y la reducción del problema de las 'maras' en las calles

TEGUCIGALPA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo gobierno hondureño del 'Poder Ciudadano' de Manuel Zelaya asumirá hoy el poder con los retos de disminuir la pobreza y la violencia, los mismos que heredaron las administraciones anteriores, pero con la ventaja de una deuda externa reducida en un 60%.

El presidente del Parlamento hondureño, Roberto Micheletti, será el encargado de imponer la banda presidencial a Zelaya, de 53 años de edad, que jurará el cargo en un escenario construido, donde jurarán mañana el cargo los ministros del nuevo Gobierno.

La ceremonia de investidura de Zelaya se desarrollará ante delegaciones de unos 46 países, entre los que están los presidentes centroamericanos --Costa Rica, Abel Pacheco; Guatemala, Oscar Berger; El Salvador, Elías Antonio Saca; Nicaragua, Enrique Bolaños, y Panamá, Martín Torrijos-- junto a los mandatarios de Colombia, Alvaro Uribe, y de México, Vicente Fox.

Además, acudirá el vicepresidente de Ecuador, Alejandro Serrano;el primer ministro de Marruecos, Driss Jettou, y el fiscal general de Estados Unidos, Alberto González, según informó la prensa local.

En representación de España estará presente, como es tradicional en las tomas de posesión desde enero de 1996, el Príncipe de Asturias don Felipe de Borbón. El Príncipe, quien concluirá en Honduras la gira latinoamericana que inició en Bolivia el pasado 22 de enero, viaja acompañado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y el director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Sandomingo.

POBREZA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACION

Como candidato del Partido Liberal Zelaya, un aficionado a tocar guitarra y a montar a caballo, ganó las elecciones del pasado 27 de noviembre por sus promesas de bajar el costo de la vida, un gobierno con transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.

Ha prometido una política de combate a la corrupción y de evitar el derroche de los fondos públicos, que le permitan mantener las finanzas sanas, una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de un país prácticamente en harapos, urgido de frenar el vertiginoso deterioro del nivel de vida.

EL LEGADO DE MADURO

Al presidente electo "le queda la mesa servida", aseveró el presidente saliente Ricardo Maduro, quien gobernó desde el 27 de enero de 2002 y logró la condonación de 2.971 millones de dólares de la deuda externa tras lograr un acuerdo con el FMI.

"Así recibimos y así entregamos: déficit fiscal del Gobierno central 6,1% (en 2001); 3,1% (2005); déficit fiscal del sector público consolidado 3,2% (2001); 2% (2005); reservas internacionales netas en millones dólares 1.104,5 (2001), 2.012,1 (2005); tasa de inflación interanual 8,8% (2001); 7,7% (2005); tasa de devaluación anual 5,1% (2001); 1,4% (2005)", detalló Maduro en un espacio de prensa pagado por su Gobierno, según el diario 'El Tiempo'.

Por su parte Zelaya advirtió de que, por ahora, "se habla de cifras preliminares". "Las cifras definitivas las vamos a tener hasta que seamos gobierno porque, hasta que recibamos la famosa mesa, nos vamos a dar cuenta si hay platos llenos o platos vacíos", afirmó.

Desde que los militares se retiraron a las barracas en 1982 dejando el poder a los civiles tras casi 20 años de gobiernos golpistas, cada gobierno ha tomado posesión con el estribillo de luchar contra la pobreza. Los niveles de pobreza de Honduras sólo son comparables en América Latina con Bolivia, Haití y Nicaragua.

El Gobierno reconoce que la pobreza afecta al 70% de los siete millones de habitantes y cerca del 50% de ellos se hunde en los niveles de la miseria, pues el país arrastra un desempleo cercano al 40% y un ingreso per cápita de apenas 1.000 dólares.

DEUDA EXTERNA CONDONADA

Con la condonación, Honduras dispondrá de 212 millones de dólares anuales, que dejará de pagar para invertir en proyectos como agua potable, saneamiento básico, merienda escolar, centros educativos, medicamentos, sistemas de riego y otros que mejoren el índice de desarrollo humano, según el mandatario saliente.

En la segunda mitad de la década de los 90, además de la pobreza y como consecuencia de la misma, ha surgido como nuevo reto el combate de la violencia y la delincuencia, especialmente por la ola delictiva que desatan las pandillas juveniles o 'maras' y el resto del crimen organizado en el país.

Precisamente, Maduro logró ganar las elecciones de 2001 por la promesa que hizo de combatir las pandillas, principalmente la 'Mara 18' (M-18) y la 'Mara Salvatrucha' (MS-13) que, según la Policía, están formadas por 32.000 miembros con cerca de 70.000 simpatizantes.

A punta de represión, Maduro logró neutralizar en gran parte la violencia que los jóvenes protagonizaban en las calles. Desde el segundo día de su mandato Maduro salió a los barrios marginales protegiéndose con un chaleco antibalas, en operativos policiales y militares apoyados hasta con helicópteros para cumplir con su promesa de campaña de neutralizar sobre todo a las pandillas juveniles.

En agosto de 2002, a iniciativa de Maduro, el Congreso aprobó una reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley Antimaras, que prohibió la sola existencia de esas organizaciones juveniles y castigó a los miembros hasta con 12 años de cárcel, más tarde ampliada la pena a 30 años.

'MARAS' EN LAS CARCELES

Maduro asegura que el problema de las 'maras' bajó en un 60%. "La solución que el Gobierno ha tratado de dar a este problema no es el más adecuado y al contrario las pandillas se fortalecen en las prisiones", aseveró el director de la ONG Save the Children, Tomás Andino.

Añadió que "se ha querido dar al problema una solución vía el aniquilamiento y el encarcelamiento y así el problema se ha trasladado de las calles a las cárceles". Además, Andino recordó que, según la ONG Casa Alianza, "cerca de 3.000 jóvenes menos de 23 años han sido ejecutados (desde 1998) y de éstos la gran mayoría, casi 2.000, han sido ejecutados en este Gobierno".

La muerte de cientos de reos, especialmente miembros integrantes de las 'maras' y pandillas, y las ejecuciones extrajudiciales, caracterizaron al gobierno de Maduro.

El pasado 5 de enero 13 reos murieron en la Penitenciaría Nacional (PN) al ser ejecutados en un confuso incidente en el que, se sospecha participación de autoridades, al menos como cómplices.

Pero el incidente era menor que dos anteriores matanzas, una el 5 de abril de 2003 en la cárcel de El Porvenir, donde perecieron durante un motín 68 reclusos, incluyendo 61 integrantes de la 'M-18'.

En mayo de 2004 también perecieron calcinados y asfixiados 107 reos de la pandilla 'Mara Salvatrucha' (MS) en un incendio que se registró en el Centro Penal de San Pedro Sula.

Organismos de Derechos Humanos han denunciado que el Gobierno es culpable, por acción o por omisión, de las muertes, que pudieron ser prevenidas, especialmente en El Porvenir y San Pedro Sula.

La comisionada María Luisa Borjas, destituida de la jefatura de Asuntos Internos de la Policía por denunciar la existencia de escuadrones de la muerte que ejecutaban a jóvenes en las calles, aseguró que los crímenes contra los miembros de las pandillas formaban parte de una una "política de Estado".

Aunque la denuncia fue rechazada por el Gobierno Maduro, Borjas aseguró que un testigo protegido miembro de la Policía le confió que 20 equipos integrados por cinco miembros cada uno se encargaban de las ejecuciones.