Actualizado 15/06/2011 21:03

Cuba.- El Gobierno ha concedido el asilo político a 53 cubanos acogidos en España desde julio

El PP acusa al Ejecutivo y al cardenal Ortega de contribuir a aligerar la presión al régimen con el destierro de disidentes


MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha concedido el estatuto de asilo político a un total de 53 cubanos acogidos en España desde julio pasado, cuando el régimen castrista inició su proceso de excarcelación de presos políticos, ha informado este miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo.

En respuesta a varias preguntas orales del diputado del PP Teófilo de Luis en la Comisión de Asuntos Exteriores, Yáñez-Barnuevo ha precisado que de estos 53 asilados no todos corresponden a disidentes excarcelados, sino que en algunos casos se trata de familiares que les han acompañado a España.

La mayoría de los 115 excarcelados y sus 647 familiares que se han trasladado a España desde julio pasado se ha decantado sin embargo por solicitar la protección subsidiaria que les recomendaba el Gobierno en lugar del asilo político, al considerar que no les cierra la puerta, como el asilo, a volver algún día a la isla.

Así, a día de hoy un total de 394 se benefician de la protección subsidiaria, que les da una protección similar a la de los asilados políticos. Una de las diferencias entre un estatuto y otro es que el asilo se concede cuando se tienen "fundados temores" de que el solicitante sería perseguido por motivos políticos en la isla.

Yáñez-Barnuevo ha avanzado que en este mes de junio la comisión interministerial encargada de estudiar las solicitudes examinará otros 81 casos, seis de ellos de asilo político, el resto de protección subsidiaria.

En su intervención, el diputado De Luis ha denunciado que los disidentes y sus familiares hayan sido "desterrados" a España y ha criticado la "colaboración inmisericorde y vergonzante" del cardenal arzobispo de la Habana, Jaime Ortega, en este proceso, que fue el encargado de llamar a los presos para ofrecerles viajar a nuestro país sin presentarles otra "alternativa".

Ha precisado que el cardenal Ortega no actúa en representación de toda la Iglesia cubana, sino a título personal.

En alusión al papel que el Gobierno español desempeñó para favorecer estas liberaciones con la mediación de Ortega, De Luis ha asegurado que "cualquier negociación con un dictador" le parece "vergonzante" y si además "conduce al destierro de unos ciudadanos de su país de origen obligados por las circunstancias" entonces lo considera "impresentable desde el punto de vista democrático".

En su opinión, los "beneficiarios" de esta operación han sido los "dictadores de Cuba, que han visto cómo las voces discrepantes están dispersas fuera del país y las Damas de Blanco y las familias que se hacían eco de su reivindicación, también", por lo que ha acusado al Gobierno español y al cardenal Ortega de haber "contribuido a aligerar la presión interna" contra la dictadura que se venía ejerciendo de forma pacífica.

Yáñez-Barnuevo ha señalado que "todos y cada uno" de los excarcelados y sus familiares "suscribieron por escrito" ante el cónsul general de España en La Habana una declaración en la que manifestaban su voluntad de viajar a España, que no hubiera acogido a "nadie contra su voluntad".

También ha informado de que la lentitud en los trámites que estos cubanos han iniciado para homologar sus títulos universitarios entran dentro de la normalidad y no corresponden a ninguna "voluntad de dilatar" esos procesos.