Publicado 25/03/2016 08:59

El defensor del Pueblo de Ecuador asegura que "no hay represión" a la prensa

El defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira
EUROPA PRESS

   MADRID, 25 Mar. (Notimérica) -

Los ecuatorianos que residen en España constituyen la comunidad más numerosa de iberoamericanos en el país y el defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, ha viajado a Madrid para conocer de primera mano algunas de las problemáticas que afectan a estos ciudadanos.

   Este mes 5.000 familias ecuatorianas se han visto afectadas por el cierre repentino de la empresa de paquetería OGC, ubicada en España, que ha dejado a sus clientes sin sus envíos y cuyos dueños se encuentran en paradero desconocido.

   Rivadeneira, que a su paso por España la semana pasada se reunió con los afectados por el cierre de OGC y con el embajador ecuatoriano en Madrid, Miguel Calahorrano, ha asegurado que su institución realizará el proceso penal que se abrirá en Ecuador, realizará las gestiones para acompañar el proceso en España y atenderá a los afectados en su país que quieran recibir información sobre los trámites a seguir.

   En una entrevista con Notimérica, el defensor del Pueblo se ha referido a los recientes informes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional que critican la falta de libertad de expresión y de prensa en Ecuador y ha cuestionado la objetividad de estos informes, al tiempo que ha asegurado que "no hay represión" a la prensa en el país.

   Después de pasar por Madrid, el defensor del Pueblo se ha marchado a Ginebra para participar en la Asamblea General de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de todo el mundo, que se ha desarrollado entre el 21 y el 23 de marzo y que este año se ha centrado en los objetivos del desarrollo sostenible.

   P: ¿Cuál es la situación de los ciudadanos ecuatorianos residentes en España afectados por el cierre de la empresa de paquetería OGC?

   R: Es un tema muy amplio y complejo. Según los datos iniciales, prácticamente 5.000 familias se han visto afectadas por lo que, desde mi punto de vista, es una estafa. No se trata de un proceso donde la mercadería se haya perdido o haya tenido inconveniente en llegar, o un tema administrativo, sino que la empresa cerró, sus dueños desaparecieron y todavía no sabemos donde están.

   Se ha abierto un expediente en España y también en Ecuador. La Fiscalía en Ecuador se ha activado para ubicar los contenedores que están a la vista, precintarlos, e iniciar el proceso penal correspondiente para establecer responsabilidades. Nosotros como Defensoría del Pueblo por supuesto que esperamos que la Justicia Penal sancione a los responsables, pero no podemos quedarnos satisfechos únicamente con esta sanción penal porque lo que la gente necesita es solucionar su problema. Para alcanzar esa solución nos vemos también limitados por el trabajo de Fiscalía. No podemos tomar esos bienes hasta que la Fiscalía no inicie la investigación y un juez resuelva esa devolución de los bienes.

   P: ¿Cuáles son las labores que lleva a cabo la Defensoría?

   R: Nos hemos propuesto dentro de nuestras competencias hacer vigilancia del debido proceso, y con nuestras delegaciones en España, en Madrid y en Murcia, vamos a acompañar a las personas a recolectar la información fundamentalmente. No es un trabajo fácil y no es un trabajo menor. En este momento nos encontramos actualmente, en una coordinación institucional para que las personas puedan tener la devolución de sus bienes lo antes posible.

   P: ¿Cuál es la situación de los ecuatorianos que residen en España y que se vieron afectados por la problemática de las deudas hipotecarias?

   R: Cuando saltó el tema de las hipotecas, habíamos hecho un cálculo de 15.000 familias afectadas. Los estudios que llevó adelante la Embajada determinaron que hay aproximadamente 18.000 familias afectadas.

   La Embajada llevó adelante un programa de asistencia y de asesoría con los casos de las personas afectadas para intentar solucionar, no necesariamente con un juicio, sus problemas. La Defensoría del Pueblo se activó precisamente para recopilar la información, asesorar a las personas, en coordinación con la Embajada. Tengo conocimiento de que la Embajada ha abierto 11.000 expedientes y ha llegado a resolver unos 2.200 casos, hay otros expedientes que están abiertos y hay un universo mayor de personas que la Defensoría del Pueblo no sabe en que situación se encuentran.

P: ¿Cómo se pretende ayudar a las personas que continúan afectadas por la situación?

   R: Las personas pueden seguir acudiendo. El programa sigue abierto y los abogados están trabajando en ese sentido. La Embajada inclusive ha abierto un programa de intervención psicológica o psicosocial porque hay que saber que la afectación de las personas no pasa solamente por su situación legal, que ya de por sí es grave. Con mucha sensibilidad la Embajada ha tratado de resolver estos problemas. Hay adultos mayores, niños, personas con discapacidad que lo sufren.

   Como pasó en muchos casos, si el problema no se soluciona mediante una dación en pago o una reestructuración de la deuda, siempre estarán las resoluciones judiciales. Uno de los grandes problemas que hubo en ese tiempo era que la ley no beneficiaba a las personas y beneficiaba únicamente al capital en manos de las financieras. Con la reforma normativa se caló bastante en esa ley. Todos hubiésemos querido que fuera mejor, pero hubo resoluciones de jueces y de instancias internacionales que fueron bastante buenas.

   P: Respecto a la situación en su país, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado, a principios de este año, informes muy críticos sobre los Derechos Humanos en Ecuador y en concreto sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Qué opina usted como defensor del Pueblo?

   R: En primer lugar no veo contraste en estos informes, algo que para mí es muy preocupante. No coinciden con los informes de la Defensoría del Pueblo. Yo lo que veo es que los informes se levantan en base a la información que sale al aire en los medios de comunicación.

   De hecho, la Defensoría del Pueblo, que es la entidad que protege los Derechos Humanos, no ha sido en ningún momento preguntada por estas organizaciones sobre qué casos conocemos o cómo manejamos el tema. Esto ya me extraña porque me parece que informes, especialmente informes de Derechos Humanos que son temas especialmente sensibles, deben recoger toda la información.

   De todas maneras, son informes que levanta la sociedad civil, no son oficiales y tendrán que ser valorados. Yo, en lo personal y como defensor del Pueblo, puedo decir que el drama de fondo que se encuentra en los informes no se vive en Ecuador. Nosotros no sentimos que esta sea la situación política en Ecuador y las estadísticas precisamente lo demuestran.

P: ¿Los periodistas son libres para ejercer su profesión en Ecuador?

   R: En Ecuador no tenemos grandes problemáticas ni mucho menos de asesinatos o de atentados a la integridad física de las personas por haber emitido opiniones. Los medios de comunicación ecuatorianos emiten todos los días opiniones, algunas de ellas muy duras, y no encontramos represión.

   Desde que se aprobó la Ley de Comunicación se creó una fractura bastante fuerte porque hemos estado acostumbrados a que la libertad de prensa no estuviera regulada. Yo no estoy de acuerdo, porque si no se regula, como en todo, se pueden llevar a cabo abusos. La regulación ha sido lo que ha llevado a exacerbar algunas de las situaciones que yo creo que en la práctica no se producen, al menos como recogen este tipo de informes.