BOGOTÁ, 23 Oct. (Notimérica) -
Colombia elegirá el domingo, 25 de octubre a sus representantes regionales en unos comicios en los que, por primera vez en mucho tiempo, los delitos electorales tomarán el relevo a la violencia como principal amenaza de las elecciones, comenzando por la compra de votos.
En los comicios regionales, que se llevarán a cabo este 25 de octubre, se elegirán a los gobernadores de 32 departamentos, a los alcaldes de 1.099 municipios, a los diputados de las Asambleas Departamentales, a los concejales municipales y a los ediles de las Juntas Administradoras Locales del país.
Según un informe de 'Transparencia por Colombia' publicado este jueves, a cuatro días de las elecciones, solo el 20% de los candidatos del país había comenzado a reportar sus ingresos y gastos en el aplicativo 'Cuentas Claras', medio obligatorio para la rendición de cuentas de todos los candidatos y organizaciones políticas en materia de financiación de campañas electorales.
La organización señala que los candidatos que más están reportando sus gastos de campaña son los gobernadores, seguidos de los candidatos a los concejos municipales, y de los aspirantes a las asambleas departamentales.
Por partidos, los que más cumplen con sus reportes de campaña son los del Movimiento MIRA, con el 86,48% de sus aspirantes reportando información, y los del Partido Alianza Social Independiente (ASI) con el 63.47%.
En el otro lado, los que menos están reportando son Unión Patriótica, con solo el 3,5% de sus candidatos cumpliendo con la obligación de detallar los gastos de campaña, y el Polo Democrático Alternativo, con un 7,85%.
Este reporte ha sido elaborado con base en la información encontrada en el aplicativo Cuentas Claras y que es reportada por los mismos candidatos, con fecha de corte a 19 de octubre de 2015.
LA COMPRA DE VOTOS.
La tradicional compra de votos, uno de los delitos más tradicionales que se comenten en las elecciones en el país, será otro de los 'lunares' con los cuales se cumplirá el proceso del 25 de octubre. La Uriel (unidad de reporte de delitos electorales) en los últimos días ha recogido cientos de denuncias de la ciudadanía sobre eventuales casos de compra de votos, informa Colprensa.
En concreto se ha dicho que para estas elecciones, la compra de votos oscila entre los 50.000 pesos --el monto más bajo-- y los 200.000, esta última cifra para lo que se llama el combo completo: votar gobernación, alcaldía y concejal.
Los organismos de vigilancia y las propias autoridades observan con especial atención posibles casos de compra de votos para las elecciones de gobernador en Sucre, Caquetá, Magdalena, Valle y Antioquia. En estas regiones se ha identificado que podría haber el llamado 'matrimonio' del candidato con los sectores ilegales, entre ellos el paramilitarismo.
La preocupación es tal que el propio Gobierno Nacional decidió crear una estrategia muy particular para los últimos días de la campaña. Invitó a los colombianos a que denuncien ante las autoridades a quienes están entregando esas millonarias sumas de dinero, y según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lo haga podrá recibir como recompensa hasta el cinco por ciento del dinero que sea retenido.
AMENAZAS AL VOTANTE.
El constreñimiento al elector o la amenaza que se impone a un votante para que sufrague por un candidato en particular, también se ha evidenciado en los últimos días de la campaña.
Un caso particular se dio en la capital del país, en donde funcionarios en propiedad o empleados recién renunciados a la administración distrital, han motivado a sus electores para que voten por Clara López, porque los otros candidatos, en especial Enrique Peñalosa, acabarían con la política social de la izquierda y los subsidios que dio el saliente alcalde Gustavo Petro.
Pero ese constreñimiento también ha venido de candidatos de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Así sucede con el candidato a la Gobernación del Cesar, Franco Ovalle, a quien le han grabado en manifestaciones públicas diciendo que como él es amigo "del que maneja la chequera del Estado", es decir el Vicepresidente, sí podrá cumplirle al departamento.
LA TRASHUMANCIA.
Si bien en el tema de la trashumancia fue en el que más se avanzó en estas elecciones, parece ser, como dice el adagio popular, que el remedio resultó peor que la enfermedad. Hace 20 días el Consejo Nacional Electoral (CNE), reportó que después de tres meses de arduo trabajo, logró la anulación de la inscripción de cerca de 1,6 millones de cédulas que se movieron de una ciudad a otra para beneficiar a las mafias que están detrás de la democracia.
Sin embargo, no previeron problemas como el registrado en Bogotá, en donde anularon por lo menos 70.000 de esas inscripciones sin tener en cuenta que ese tipo de medidas en la capital del país no se puede aplicar, porque la posibilidad de que un elector vote en cualquiera de las localidades es posible.
Sumado a lo anterior, el CNE tuvo que enfrentar otra serie de reclamaciones por anulación de cédulas, de personas que reclamaron que su sitio de residencia es en donde registraron su cédula, motivo por el cual no hay razón legal para que les impidan votar en la ciudad donde viven.
En la noche del jueves y en medio de una 'tutelatón' --que según se dice de manera extraoficial ha sido liderada por los candidatos afectados con la anulación de esas inscripciones-- el CNE echó para atrás resoluciones en varias partes del país y así considerar legales 259.000 inscripciones de cédulas.
MÁS DELITOS.
Sumado a lo anterior, las elecciones de 'mitaca' --como se le denominaba en un tiempo-- tienen más 'lunares'. Las advertencias de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, de la existencia de algunos carteles que se han consolidado en la campaña para concretar el fraude electoral, como por ejemplo uno que su director Pablo Bustos denominó como 'el cartel POT', es decir los compromisos que han asumido algunos candidatos para que sean apoyados por empresarios o poderosos capitalistas para que les apoyen en las elecciones y luego hacer la modificación del uso de los suelos en terrenos donde tengan especial interés.
También crecieron con el paso de los días las denuncias contra candidatos por delitos de estar presuntamente vinculados a asesinatos, de estar detrás de la manipulación de los resultados para el domingo e incluso de estar produciendo directamente ellos cédulas falsas, para que sean usadas en las elecciones, caso que se dio en Cundinamarca.
Un último lunar se dio con la participación en política de los funcionarios públicos. Aunque este es un proceso más largo y complejo de certificarse, el peor momento lo vivió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien en declaraciones a los medios dijo que confiaba en que los colombianos salieran a votar el 25 de octubre por los candidatos de la unidad nacional, que son los que apoyan el proceso de paz.
Eso le acarreó duras críticas de la oposición y una apertura de investigación en la Procuraduría General de la Nación por posible participación en política.