Actualizado 08/10/2015 15:58

Dilma Rousseff y su futuro incierto

   RÍO DE JANEIRO, 8 Oct. (Notimérica) -

   La decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de reprobar las maniobras fiscales del Gobierno de Dilma Rousseff en 2014 abre una vía para un posible 'impeachment' a la presidenta, aunque el proceso contiene muchos factores en juego que dificultan hacer pronósticos.

   La palabra 'impeachment' lleva protagonizando la vida política brasileña prácticamente desde que Rousseff fue reelegida en el cargo, aunque en un principio la oposición alegaba principalmente su presunta implicación en el caso Petrobras para argumentar que debía apartarse de su cargo.

   En opinión de la oposición, y sobre todo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Rousseff cometió un delito de omisión al no detectar las irregularidades que sucedían en Petrobras mientras ella era presidenta del Consejo de Administración de la compañía -durante la etapa de Gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva--.

   Sin embargo, al no haber pruebas que la impliquen la vía del escándalo de Petrobras ha ido perdiendo fuerza a medida que ganaban espacio las llamadas 'pedaladas fiscales', maniobras que el Gobierno de Rousseff llevó a cabo en 2014 para maquillar las cuentas del Estado y que ahora el TCU ha considerado irregulares.

   Pero muchas juristas desconfían de las posibilidades reales de un 'impeachment' por varios motivos: en principio un juicio político solo puede abrirse cuando se detectan delitos en el mandato en curso, no en gobiernos anteriores, como es el caso.

   Además, como ha apuntado en varias ocasiones el Partido de los Trabajadores (PT) las maniobras de las que se acusa a Rousseff han sido habituales en anteriores Gobiernos y lo siguen siendo en muchos gobiernos estaduales y ayuntamientos de todos los signos políticos, por lo que en realidad la mayoría de partidos no apostarían seriamente por sentar un precedente en este sentido.

UN PROCESO LARGO

   En cualquier caso la vía para el 'impeachment' sería larga, ya que ahora el TCU debe llevar su dictamen a la Comisión Mixta de Presupuesto, que tendrá 82 días para analizarlo; en el mejor de los casos la conclusión se conocerá a finales de diciembre o principios de enero, cuando el Congreso Nacional está cerrado por vacaciones.

   Además, esta vez Rousseff tiene en su favor que la Comisión estará presidida por la senadora Rose de Freitas (Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB), que pertenece al círculo más cercano al presidente del Senado, Renan Calheiros.

   En las últimas semanas Calheiros se ha revelado como un nuevo aliado de Rousseff para desencallar la crisis política, y esta semana ya dijo que no dará prioridad al asunto y que es probable que las cuentas lleguen a votarse en el plenario ya el año que viene.

   Así pues, es previsible que la comisión alargue la discusión a propósito, mientras Rousseff gana tiempo para reconstruir su base aliada en el Congreso Nacional, una tarea que ya ha empezado al reformar su Gobierno dando más ministros al PMDB para asegurarse la fidelidad de más diputados.

EL FACTOR CUNHA

   Un factor que añade algo de imprevisibilidad al proceso es la presencia del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), encargado de llevar a votación las peticiones de 'impeachment' que ya han sido registradas.

   Cunha se mostraba hace meses muy amenazante contra Rousseff, pero su implicación en el caso Petrobras -con la aparición de cuentas secretas en Suiza- le ha debilitado y recientemente se ha mostrado más discreto, incluso diciendo en alguna ocasión que no cree que prosperen las peticiones de 'impeachment'.

   El juicio político a Rousseff, en cualquier caso, no sería algo inmediato, ya que además de tiempo necesitaría de un quórum importante en el Congreso Nacional -dos tercios de parlamentarios favorables, tanto en la Cámara como en el Senado-. La última vez que Brasil apartó a un presidente por esta vía fue en 1992, con el fin prematuro del Gobierno de Fernando Collor de Mello.