SAN SALVADOR, 14 Jul. (Notimérica) -
Varios diputados del partido ARENA de El Salvador propusieron este lunes elevar las penas de prisión por aborto consentido a propio a entre los 30 y 50 años, cifra muy superior a los dos y ochos años que estipula el código penal actual.
De acuerdo al diputado Ricardo Velásquez Parker, el aborto debe ser penado del mismo que el homicidio agravado porque la Constitución vigente reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción, según informa el diario salvadoreño 'El Mundo'.
"¿Por qué va a valer menos la vida de un ser humano, de una persona mientras está en gestación, que la vida de otro ser humano?, la pena de homicidio agravado es de 30 a 50 años", justificó Parker.
Otra de las reformas que propuso ARENA está relacionada con la venta de abortivos. "El que ilegalmente vendiere o en cualquier forma suministrare o otro sustancia o productos que sirvan especialmente para provocar abortos, será sancionado con prisión de uno a tres años", señala la propuesta. Actualmente solo se sanciona con arresto de 15 a 25 fines de semana y de 10 a 30 días de multas.
Estas propuestas dispararon las alarmas en la ONG Amnistía Internacional, las cuales calificaron la posible nueva normativa de irresponsable y en contra de los estándares básicos de Derechos Humanos.
"Los parlamentarios en El Salvador están jugando un juego muy peligroso con las vidas de millones de mujeres. Prohibir abortos que pueden salvar vidas es atroz en cualquier circunstancia, pero intentar aumentar las penas de cárcel para las mujeres que necesitan un aborto y a las personas que las apoyan es simplemente despreciable," señaló la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
"En vez de continuar criminalizando a las mujeres, las autoridades en El Salvador deben derogar la obsoleta ley anti-aborto de una vez y para siempre", añadió.
Tras una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro.
Según señala la ONG en su página web, el cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en el que se presupone inmediatamente que las mujeres son culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos.