QUITO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El referéndum que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pretende celebrar para reformar la Constitución cuenta con el respaldo del 57 por ciento de la población, según revela un estudio de la consultora Opinión Pública de Ecuador (OPE) divulgado por la prensa oficial.
Los que se manifestaron a favor de la consulta, argumentaron que se trata de una obligación cívica, frente a un 20 por ciento que lo consideró innecesario, aunque confesó que desconoce el cuestionario a votar, que contiene las propuestas realizadas por el Gobierno para reformar la Carta Magna.
Este apoyo se refleja también en la intención de voto. Un 75 por ciento de los consultados aseveró que participaría en la votación, frente a un 25 por ciento que adelantó que se abstendría, en el que se encuentran los llamados votantes facultativos, es decir, jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 65, policías y militares.
"En definitiva se tiene una proporción casi de 3 a 1 en cuanto al apoyo a la consulta popular", dijo el director de OPE, Santiago Pérez, en declaraciones recogidas por el diario 'El Ciudadano'. Si bien, apuntó la necesidad de intensificar la campaña de información sobre la finalidad y el contenido del referéndum.
En este sentido, Pérez señaló que el alto grado de desconocimiento entre la población de las cuestiones que serán sometidas a votación y de su trascendencia, dificulta la labor de determinar el nivel de aceptación de este plebiscito entre la ciudadanía.
CONTENIDO DE LA REFORMA
El mandatario entregó el pasado 18 de enero un decálogo con las propuestas de su gabinete para la reforma constitucional. La propuesta está dividida en dos partes: una primera con cinco propuestas para la reforma de artículos ya existentes en la Carta Magna; y una segunda con cinco iniciativas novedosas no contenidas en este texto.
El primer grupo contempla la modificación del régimen de prisión preventiva; la creación de una Comisión Técnica que reestructure el sistema judicial y el Consejo de la Judicatura, órgano encargado del control interino de este poder; y limitaciones a la diversificación del negocio para los medios de comunicación y entidades financieras del país.
El segundo propone la creación de un delito de enriquecimiento injustificado en el sector privado y otro por la no filiación de los trabajadores a la Seguridad Social; la de un órgano dedicado a controlar los contenidos divulgados por los medios de comunicación; y la prohibición de las salas de juego y los espectáculos en los que se mate a animales por diversión.