QUITO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una veintena de diputados de los 57 destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador lograron entrar a la Asamblea Nacional (Congreso) después de intensos forcejeos con la Policía Nacional que trató de evitar su acceso al edificio legislativo.
Diputados y diputadas burlaron el primer cerco policial pero ya a la entrada del salón de plenos los agentes que escoltaban el edificio golpearon a los congresistas. Ante la resistencia que ofrecieron estos, el presidente del Congreso ecuatoriano, Jorge Cevallos, accedió a que se les permitiera entrar y así evitar más agresiones.
El diputado del Partido de Renovación Institucional de Acción Nacional (PRIAN), Hugo Romero, fue agredido por agentes de la Policía cuanto intentaba entrar por la parte trasera del edificio, lo que provocó su caída por una escalera la cual le ocasionó lesiones en su columna vertebral, según informó su compañera de partido, Silka Sánchez.
Según informa el diario ecuatoriano 'El Telégrafo' Romero fue trasladado al hospital Vosandes de Quito. De acuerdo a lo que declaró el jefe de la Escolta legislativa, lo de Romero fue un accidente, ya que según éste el diputado no fue agredido por la policía y que Romero estaba escoltado en ese momento por dos agentes.
El congresista del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y vicepresidente del Congreso Nacional, Edison Chávez, fue golpeado en un ojo por la Policía Nacional cuando el cuerpo trataba de impedir su acceso al Plenario de los diputados destituidos por el TSE, de acuerdo a las cadenas de televisión de ese país que transmitieron las imágenes en directo del suceso.
Chávez acusó directamente al cuerpo policial de esta agresión y tuvo que salir del edificio con un parche en el ojo izquierdo.
Asimismo las diputadas Silka Sánchez y Gloria de Carbo denunciaron también que fueron atacadas por los agentes policiales en su intento de acceso al hemiciclo.
Mientras se producían estos altercados, los diputados oficialistas gritaban consignas a favor de la Asamblea Constituyente que impulsa el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y contra los congresistas que estaban fuera del Congreso Nacional. Finalmente los diputados abandonaron el recinto.
Rafael Correa afirmó en radio Visión que los diputados destituidos "abusando de la miseria del pueblo" contrataron gente en varias provincias para sembrar el caos en esta capital a fin de defender sus curules.
Asimismo, el presidente responsabilizó a los diputados destituidos de los actos de violencia durante las manifestaciones de este martes y afirmó que quienes apoyan la Constituyente son gente pacífica. "Cuidaremos el orden público, pero esta gente (los diputados destituidos) quiere crear el caos, porque sabe que ya está afuera", declaró.
"Le pido a esa ciudadanía, a esa juventud, altiva, soberana, digna, que no caiga en esas provocaciones. Marchemos, manifestémonos, en forma absolutamente pacífica. No violencia", añadió.
"Nada va a frenar la consulta popular, todos los recursos de amparo han sido negados", dijo por su parte el presidente del Tribunal Electoral, Jorge Acosta, en radio Sonorama.
El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, señaló que autorizó el ingreso al edificio de los diputados destituidos para salvaguardar la integridad física de los involucrados en los incidentes.
"Pretendo que no exista anarquía, que recuperemos la tranquilidad porque el país así lo exige", añadió.
Alrededor de unas 200 personas que se manifestaron este martes en contra de los congresistas frente al Parlamento y en algunos momentos se acercaron en extremo al edificio lanzando gritos como "desalojo" y "fuera, ratas". La semana pasada un turba atacó verbal y físicamente a un grupo de diputados destituidos, en Quito.
Representantes de organizaciones sociales convocaron nuevas movilizaciones para el próximo 27 de marzo, mientras que miembros del partido Alianza PAIS, de Correa, llamaron a manifestaciones para este jueves, para rechazar las acciones de los 57 congresistas destituidos y mostrar su respaldo a la Asamblea Constituyente.
Los ecuatorianos están llamados a las urnas el próximo 15 de abril a un referéndum en el que aprobarán o rechazarán la iniciativa gubernamental.