QUITO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy la elaboración de un Plan Ecuador para afrontar los efectos negativos del Plan Colombia. Se trata de una "iniciativa de paz de la política exterior" que implicará afrontar los daños que causan las fumigaciones aéreas colombianas con glifosato en la zona limítrofe con Ecuador, explicó un portavoz gubernamental en declaraciones recogidas por Prensa Latina.
Este programa fue aprobado ayer en una reunión del gabinete mantenida en la ciudad de Tena y servirá además para resolver los problemas provocados por el desplazamiento de ciudadanos colombianos.
El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, resaltó ayer que el Plan Ecuador persigue aliviar las dificultades de la población nacional fronteriza, afectada por el conflicto armado en Colombia. Larrea demandó asimismo el cese definitivo de las fumigaciones aéreas en la franja fronteriza, fuente de tensión diplomática entre ambos países. Las fumigaciones son además perjudiciales para la salud de las personas y destruyen los cultivos lícitos, explicó.
El glifosato, herbicida estadounidense utilizado para acabar con plantaciones de hoja de coca, es arrojado desde avionetas en el lado colombiano y arrastrado por el viento hasta territorio ecuatoriano.
Amparado en estudios científicos nacionales y extranjeros, Ecuador sostiene que ese químico afecta la salud de sus ciudadanos y animales y destruye sembrados de plátano, yuca, arroz y maíz, entre otros, mientras Colombia afirma que es inocuo.
Larrea destacó que a través de este programa de paz se espera solucionar el alto costo que representa para el país la presencia de ocho mil efectivos en la frontera norte para resguardar la paz y la soberanía nacional.
Puntualizó que este Gobierno debe enfrentar también el ingreso al país de miles de colombianos, que huyen de la violencia generada por el conflicto armado y las propias aspersiones.
Según informes de las Naciones Unidas, unos 500.000 colombianos viven en Ecuador. 250.000 de ellos abandonaron sus casas por el conflicto armado y otros 11.000 tienen el estatus de refugiado.