QUITO, 22 May. (Reuters/EP) -
Ecuador anunció ayer que acudirá a la justicia internacional para demandar el "asesinato" por parte de Bogotá de uno de sus ciudadanos durante un operativo militar colombiano en su territorio, argumentando una violación a los Derechos Humanos.
El anuncio forma parte de las acusaciones que enfrentan a Ecuador y Colombia desde que rompieron relaciones diplomáticas en marzo, tras una incursión del Ejército colombiano a la selva ecuatoriana para bombardear un campamento de la guerrilla de las FARC. Durante el incidente murió el ecuatoriano Franklin Aisalla, investigado por supuestos nexos con las FARC, pero su fallecimiento no fue por efectos del bombardeo, sino por una presunta ejecución posterior por parte de militares colombianos, según la versión ecuatoriana.
"El caso irá a la Justicia internacional, desde luego (auspiciado por el Gobierno), se trata de un ciudadano ecuatoriano, asesinato por parte de funcionarios del Gobierno colombiano", declaró el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, a corresponsales extranjeros.
ACCIONES INTERNACIONALES
Aun así, no especificó a qué corte internacional acudirá Ecuador ni el delito específico que será demandado, aunque adelantó que el país podría argumentar un "crimen de Estado". Ecuador afirmó que cuatro personas, incluido Aisalla, sobrevivieron al bombardeo y habrían sido acribilladas o asesinadas a golpes sin mediar procesos judiciales, en base a análisis forenses internacionales.
Larrea anunció que el Gobierno emprendió otras acciones en cortes locales por los efectos de la acción militar colombiana relacionadas con violación de su territorio, ejecución de personas, robo de evidencia y abandono de heridos. Ecuador condiciona la reanudación de las relaciones con su vecino a un compromiso claro de Bogotá de no realizar nuevas incursiones en su territorio y a un cese de la campaña mediática para desprestigiar al Gobierno ecuatoriano.
CADÁVERES ENTERRADOS
Mientras tanto, Ecuador llevó a cabo la inhumación de 18 de los 19 cadáveres que aún permanecían en una morgue en Quito, tras el bombardeo al campamento guerrillero el 1 de marzo. La decisión se adoptó después de que el gobierno colombiano no aceptara el pedido de repatriación y sus familiares no los reclamaran oficialmente, según versiones oficiales.
En el ataque, que fue condenado por la comunidad internacional, murió el líder guerrillero Raúl Reyes, junto a 24 personas presuntamente vinculados con las FARC. A mediados de marzo, familiares de cuatro estudiantes mexicanos que murieron en el ataque militar ya reconocieron los cuerpos encontrados en el campamento guerrillero. Mientras que otro permanece en la morgue de Quito a la espera de su retiro.