QUITO, 11 Abr. (EP/AP) -
Después de un mes de inactividad, el Congreso de Ecuador reanudó ayer sus sesiones de trabajo tras acoger criterios jurídicos que reconocen como válida la destitución de 57 de los 100 diputados, en una controvertida decisión que todavía no es aceptada por los afectados.
La presencia de 63 diputados posibilitó el quórum para instalar la sesión. Los congresistas presentes pertenecen a partidos de izquierda, centroizquierda y grupos afines al Gobierno, quienes asumieron los cargos de los destituidos. Sin embargo, no estuvieron presentes los legisladores no destituidos de bloques opositores al presidente Rafael Correa.
"Mi decisión, por encima de las amenazas de juicios penales que he recibido para instalar esta sesión, me obliga a estar con el pueblo ecuatoriano y entregar un Congreso funcionando que legisle y fiscalice", señaló el presidente del organismo, Jorge Cevallos.
Cevallos indicó que tomó la decisión facultado por varios informes de asesoría jurídica del organismo y de la Procuraduría del Estado que reconocen la vigencia de la resolución del Tribunal Supremo Electoral del 7 de marzo, de cesar en sus cargos a los 57 congresistas por obstaculizar la consulta popular del domingo.
En el referéndum los ecuatorianos aprobarán o rechazarán la instalación de una Asamblea Constituyente, promovida por el Gobierno y criticada por la oposición.
Cevallos había pedido el criterio jurídico del procurador Xavier Garaicoa para proceder a instalar la sesión del martes, después de que él mismo se viera obligado a suspender las sesiones las últimas semanas ante dos fallos jurídicos contradictorios.
Garaicoa expresó el pasado lunes que "la resolución (de la corte electoral) está vigente" porque no existe ningún pronunciamiento contrario por parte del Tribunal Constitucional (TC).