QUITO, 7 Mar. (EP/AP) -
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, fue destituido este martes por el Congreso de Ecuador, de mayoría opositora, que rechaza la realización de una consulta popular que decidirá la instalación o no de una Asamblea Constituyente de plenos poderes.
La resolución aprobada por 52 de los 73 diputados que estaban presentes en el Congreso de 100 miembros, estableció las medidas que buscan frenar la realización del referéndum al pedir el bloqueo del uso de los recursos destinados a esos gastos.
La decisión se suma al recurso de inconstitucionalidad de la convocatoria que planteó el lunes el Congreso ante el Tribunal Constitucional.
Acosta fue nombrado por el Congreso como vocal del organismo electoral, en representación del partido del ex presidente Lucio Gutiérrez y más tarde fue elegido como presidente del TSE.
En esa función y con la aprobación de cuatro de los siete miembros, Acosta convocó oficialmente la semana pasada a consulta popular, en evidente contradicción con la posición de su partido nominador.
Por ello, los legisladores opositores decidieron "declarar la pérdida de calidad de representante del vocal" Acosta ante el Tribunal Supremo Electoral, "por haber incumplido con los mandatos constitucional y políticos asignados" y decidieron sustituirlo por Alejandro Cepeda.
La resolución también establece comunicarle la decisión al Contralor del Estado "para que se arbitre de manera inmediata las medidas necesarias para salvaguardar el buen uso de los recursos públicos" en el TSE.
Además, el Congreso decidió informar de la resolución al gerente general del Banco Central "para que no permita el manejo de las cuentas del Tribunal Supremo Electoral, por parte de quien ha sido sustituido por el Congreso como vocal", ya que al perder su condición de presidente "ya no puede autorizar gasto alguno".
"Quieren escamotear al pueblo ecuatoriano su consulta", afirmó Acosta a la prensa, quien anunció que hoy miércoles cumplirá normalmente con sus funciones porque de momento no ha sido notificado.
La consulta popular está prevista para el 15 de abril. El Gobierno del presidente Rafael Correa aspira que en ella se apruebe una asamblea de plenos poderes, que más tarde sea controlada por fuerzas afines para diseñar una nueva Constitución.