QUITO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha firmado el decreto por el que convoca a un referéndum para reformar la Constitución que podría celebrarse el próximo 1 de mayo. La última palabra la tiene ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) que deberá definir la fecha de esta consulta popular a la que están invitados a participar 11 millones de ecuatorianos.
Correa entregó el lunes al CNE el decreto con las preguntas que el pasado 15 de febrero la Corte Constitucional aprobó con algunas modificaciones. Cinco de las diez preguntas están relacionadas con enmiendas a la Carta Magna que fue aprobada en un referéndum celebrado en septiembre de 2008.
Pero en esta consulta también se someterá a consideración de la ciudadanía la reforma del sistema judicial, la prohibición de algunos juegos de azar, la suspensión de espectáculos en los que se maltraten animales, la regulación del enriquecimiento ilícito y el control estatal de algunas actividades de los medios de comunicación, entre otros aspectos.
Correa ha prometido este martes que emprenderá una "nueva lucha" para lograr que sean aprobados cada uno de los aspectos planteados en el paquete de reforma y contrarrestar la fuerte oposición que ha tenido esta iniciativa.
"La primera lucha fue para que no se le robe al pueblo el derecho de decidir en las urnas, la segunda lucha será dar a conocer las preguntas y la tercera lucha será para que el pueblo apoye con un 'Sí' y poder sacar adelante las reformas tan necesarias para el país", ha explicado el mandatario en entrevista Radio Huancavilca.
El Gobierno ha criticado duramente a la prensa ecuatoriana por el supuesto "desequilibrio" en las informaciones publicadas sobre el proyecto de reforma a la Constitución y sobre los temas que se someterán a referéndum en las próximas semanas.
"En vez de informar a la gente sobre las preguntas, dijeron 'no' y por diferentes motivos, en función de sus interés", ha lamentado Correa, al fustigar a los medios de comunicación que aseguraron que la consulta popular era inconstitucional.
"Eso es lo que criticamos de los medios de comunicación: con qué legitimidad se convierten en Corte Suprema, en Asamblea Nacional, en Presidencia de la República. Los medios deben informar, pero no deben inducir", ha insistido.
La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, ha explicado que se dispone de un plazo de 15 días para convocar el referéndum y de 60 días para su organización, según lo establecen las leyes ecuatorianas.