Denuncia el "contexto de represión" de "mayor intensidad" en los últimos años
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha solicitado este martes al presidente del país, Lenín Moreno, que derogue el estado de excepción declarado el pasado jueves en respuesta a la ola de protestas contra la reforma económica del Gobierno para dar paso al diálogo.
"La institución insiste en la necesidad de derogar el estado de excepción y abrir el diálogo", ha dicho la Defensoría del Pueblo en Twitter al presentar su informe sobre "la crítica situación que vive el país".
En el informe, que se refiere a los hechos ocurridos entre el 3 y el 6 de octubre, ambos incluidos, a raíz de la declaración del estado de excepción, la Defensoría del Pueblo denuncia el "contexto de represión" de "mayor intensidad" en los últimos años.
La institución señala que a raíz del paro nacional convocado por distintos sectores en contra de la reforma económica del Gobierno se ha producido un "incremento sistemático de la violencia".
Por un lado, acusa al movimiento indígena de "radicalizar" la protesta social y, por otro, señala "el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
En el caso de los uniformados, ha considerado que "su accionar ha estado amparado en la declaratoria de un estado de excepción que, además de restringir derechos, no ha sido efectivo para mantener el orden y la seguridad, sino, al contrario, ha justificado actuaciones contra los Derechos Humanos".
"Es importante resaltar que la fuerza pública expuso a los ciudadanos a contextos de privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta actos de tortura", ha sostenido. Así, en "el 96 por ciento de los privados de libertad entrevistados presentaban golpes y heridas ocasionadas durante la detención".
El informe también denuncia que los detenidos fueron recluidos durante horas en lugares "donde no existen las condiciones necesarias para asegurar el respeto de su dignidad". Por ejemplo, ha comentado que algunas celdas no cuentan con camas y mantas para dormir y que algunos detenidos solo han comido porque sus familiares les han llevado alimentos.
Además, ha reprochado al Gobierno que "la información alrededor de los hechos señalados no ha sido expuesta masivamente a la ciudadanía, situación que pone en peligro los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, generando un contexto de impunidad".
Así las cosas, ha instado a Moreno a "que, de manera inmediata, derogue el decreto de estado de excepción, toda vez que no ha sido efectivo para controlar el espiral de violencia y, por el contrario, ha sido una causa para el aumento de la violencia en varias zonas del país y un limitante para alcanzar acuerdos que permitan retomar la calma".
Al Gobierno en su conjunto le ha pedido "propiciar las condiciones necesarias para instaurar un diálogo oportuno, garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones e igualdad de condiciones, con el objetivo de devolver la calma al país en el marco de un efectivo ejercicio de los derechos" para "evitar que una radicalización de posturas provoque el incremento de la violencia, las muertes y la conmoción social".
También se ha dirigido a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes para pedirles que propicien un ambiente de paz y respeto a los Derechos Humanos con el fin de evitar una escalada de violencia con consecuencias irreversibles".
"Finalmente, la Defensoría del Pueblo enfatiza en la necesidad de consolidar a nuestro país como un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya base democrática por ningún motivo debe ser amenazada ni utilizada con fines políticos ni intereses particulares de grupos que buscan desestabilizar la institucionalidad de Ecuador", ha concluido.
CRISIS POLÍTICA
Las protestas contra Moreno arrancaron el pasado jueves contra la retirada del subsidio al combustible, que forma parte del conocido ya como "paquetazo", el plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En estos días, una persona ha muerto, decenas han resultado heridas, entre ellas una grave, y más de 500 han sido detenidas, la mayoría por "actos vandálicos", a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Moreno ha declarado el estado de excepción, que en un principio estaba pensado para 60 días, si bien el Tribunal Constitucional lo ha reducido a 30, ha trasladado el Gobierno de Quito a Guayaquil y ha suspendido las clases en todo el país.
Ecuador ha amanecido este martes preparado para nuevas protestas. Instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría han enviado a sus trabajadores a casa, mientras que las autoridades municipales de Quito, Guayaquil o Pichincha han suspendido todos los actos públicos. El Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, permanece fuertemente custodiado por las Fuerzas Armadas.
En plena escalada de tensión, Moreno ha ofrecido diálogo a los manifestantes, aunque aclarando que no anulará el decreto ejecutivo que elimina el subsidio a la gasolina y al diésel. Una marcha indígena que ha partido de distintos puntos de Ecuador ha confluido este martes en Quito con la intención de protagonizar el miércoles una gran protesta que termine de persuadir al Gobierno.