QUITO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Rafael Correa planea expulsar de Ecuador a la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), según han informado fuentes gubernamentales al diario 'El Telégrafo'.
Al parecer, el personal del Ministerio de Exteriores y de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) se reunieron el pasado jueves para analizar las repercusiones que tendría la expulsión de la USAID de territorio ecuatoriano.
El mecanismo sería el de la denuncia del Convenio de Cooperación de 1962 y la petición de la cancelación financiera y administrativa de los proyectos que la USAID está desarrollando en estos momentos en el país andino.
Tras ello, el Gobierno realizaría un inventario de los bienes introducidos en el país por la agencia estadounidense para llevar a cabo los proyectos y haría un balance de la inversión, relacionando los recursos gastados y los resultados obtenidos.
En caso de conflicto con Estados Unidos, el Gobierno argumentaría que la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas por la USAID pertenecen al Estado ecuatoriano.
Las autoridades ecuatorianas también han barajado la posibilidad de que la expulsión de la USAID dificulte la financiación de algunos proyectos, por lo que elaborarán una estrategia alternativa para la obtención de recursos.
La USAID tiene una importante presencia en los gobierno locales, por lo que el Gobierno elaborará un plan para evitar conflictos sociales en las zonas de la Amazonía, donde las influencia de la agencia estadounidense es más fuerte.
PETICIÓN DEL ALBA
De confirmarse esta información, Ecuador sería el primer país en acatar las recomendaciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que el pasado mes de junio pidió a sus miembros que expulsaran a la USAID "por ser un factor de perturbación que atenta contra la soberanía y estabilidad política" de los países.
El Consejo Político del ALBA acusa a la USAID de ejercer una "injerencia abierta" financiando "ilegalmente" a líderes políticos, medios de comunicación y ONG para "desestabilizar los legítimos gobiernos que no son afines a los intereses de Estados Unidos".
"Nuestros países no necesitan ningún tipo de financiación externa para el sostenimiento de la democracia, que se consolida por la voluntad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, ni organizaciones tuteladas por potencias extranjeras que, en la práctica, usurpan y debilitan la presencia de los organismos del Estado", afirman los miembros del ALBA.