26 de febrero de 2007

Ecuador.-El ex presidente Lucio Gutiérrez exige investigar fiscalmente a Rafael Correa por la financiación de su campaña

QUITO, 26 Feb. (EP/AP) -

La contraloría debería investigar y fiscalizar las actuaciones del Gobierno de Rafael Correa como las relacionadas a denuncias de financiación de su campaña con dinero procedente de Venezuela y al manejo de los pagos de la deuda externa, según el ex presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez.

El ex mandatario depuesto en mayo de 2005 acusó también a Correa de estar cometiendo un posible delito de peculado al promocionar oficialmente en los medios de comunicación un campaña a favor de una Asamblea constituyente de plenos poderes.

Gutiérrez admitió en una entrevista publicada hoy por el diario local 'El Comercio' que la reciente elección del contralor (fiscal) del Estado, hombre muy cercano a Gutiérrez, significa que "captamos poder para que haya equilibrio frente al poder abusivo de Correa".

El contralor, Carlos Pólit, dijo cuando asumió su cargo que actuará de forma técnica y no política. Pólit fue elegido por el mandatario de una terna designada por el Congreso ecuatoriano, según establece la ley.

Gutiérrez consideró que la controlaría deberá investigar "si es cierto que Correa recibió muchos millones de dólares de Hugo Chávez para su multimillonaria campaña" de las elecciones presidenciales.

También advirtió que es necesario "fiscalizar qué pasó con el engaño de que no se iba a pagar la deuda externa", refiriéndose a los anuncios del Gobierno de que se acogería al periodo de gracia para cancelar 135 millones de dólares (102,5 millones de euros) de intereses y a los dos días sorpresivamente realizó puntualmente el pago.

Otro punto que Gutiérrez anticipó deberá indagar la Contraloría es el "posible caso de peculado del Gobierno al inundar de publicidad al país a favor de su organización política, promocionando la asamblea constituyente".

Desde hace semanas el Gobierno pauta publicidad oficial en los medios de comunicación a favor de una asamblea constituyente de plenos poderes, que el régimen considera un hecho, pese a que previamente debe cumplirse el 15 de abril una consulta popular para que la ciudadanía decida o no, si da paso a la constituyente.