MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ecuador ha solicitado este viernes al Tribunal Nacional de Justicia (TNJ) una condena de cuatro años de cárcel para la exvicepresidenta del país María Alejandra Vicuña por un delito de malversación.
Esta petición supone aumentar la pena de un año por la que fue condenada Vicuña en enero del 2020 por el delito de colusión por las contribuciones ilegales solicitadas a sus excolaboradores cuando era legisladora en el 'caso Diezmos' y se ha dado durante una audiencia solicitada por la defensa de la condenada en la que pedían revertir la pena.
"El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que se aplique el máximo de la pena por el delito de concusión. El pedido de imponer cuatro años fue secundado por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusadora particular", ha informado la Fiscalía en un comunicado.
Durante el juicio, la Fiscalía ha probado que "existen suficientes evidencias" para comprobar que Vicuña recibió transferencias bancarias por parte de tres de sus colaboradores en la Asamblea Nacional.
Así, la exvicepresidenta se aprovechó de su cargo par exigir esos pagos que tenían el objetivo de financiar el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista, liderado por el padre de la procesada.
Vicuña fue legisladora de la Asamblea Nacional entre 2009 y 2017 por el movimiento oficialista Alianza País (AP) durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Entre octubre de 2017 y diciembre de 2018 ejerció el cargo de vicepresidenta, después que la Asamblea Nacional cesara al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis y ocho años de cárcel dentro de los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
Vicuña renunció a la vicepresidencia tras destaparse el escándalo por las contribuciones ilegales solicitadas a sus excolaboradores.
Según la investigación, Vicuña recibió un total de 43.295 dólares (unos 35.400 euros) de aportaciones ilegales, ya que el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista no estaba registrado ni en el Consejo Nacional Electoral ni llevaba contabilidad.