MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ecuador ha procesado por presuntos delitos penales a al menos 90 personas en el marco de las protestas que se han desatado en las principales ciudades contra el último paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno de Lenín Moreno.
Además la Fiscalía ha ordenado la investigación en contra de seis ciudadanos que se supone habrían participado en las protestas de Quito, según ha informado el diario ecuatoriano 'El Comercio'.
A dos de ellos se les ha prohibido salir del país y tienen la obligación de acudir ante las autoridades periódicamente y otro de ellos ha recibido prisión preventiva. En la provincia de Guayas, 65 personas han sido acusadas de delitos de robo, porte de armas, tenencia de drogas o asociación ilícita.
Moreno decretó el estado de excepción para frenar el "caos" que han generado unas protestas lideradas por el sector del transporte y a las que se han sumado también otros colectivos. Los manifestantes reclaman la retirada del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalizacion de precios.
Las movilizaciones han provocado cortes de calles y paralización en nudos de transporte, así como escenas de violencia que han afectado incluso a las actividades de la Cruz Roja ecuatoriana, que difundió en redes sociales imágenes de ataques contra sus equipos.
Las organizaciones indígenas y sindicales de Ecuador se han movilizado de nuevo este sábado con la promesa de no ceder en su intención de que el presidente Lenín Moreno dé marcha atrás en el "paquetazo" de recortes y reformas neoliberales.
HUELGA NACIONAL
Los manifestantes han convocado a una huelga general a nivel nacional para el miércoles. "La indignación del paquetazo es del pueblo ecuatoriano (...) el paquetazo es un premio a empresarios, a la banca y por cumplir las recetas del FMI", ha apuntado el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, en declaraciones a Reuters.
El Gobierno informó en un comunicado que tras un análisis técnico y "por la actualización de costos se justifica" un aumento de la tarifa del transporte urbano de entre 5 y 10 centavos de dólar, pero será la autoridad de cada ciudad la encargada de ratificar el costo del pasaje.
El transporte se retomó el sábado de manera irregular a lo largo del país. En Quito, los buses urbanos no circularon en la ciudad a diferencia de los taxis que retomaron el servicio.
Mientras que en Guayaquil el transporte operaba con mayor fluidez en medio de la presencia de policías, aunque la población se quejaba de un aumento en los precios de alimentos. "Todo quieren subir con el pretexto de que la gasolina subió de precio, ahora sólo falta que nos den el golpe final con el precio de los pasajes", ha apuntado un jubilado de 65 años, Camilo Salazar, mientras compraba en un mercado en el sur de Guayaquil.
Las manifestaciones, que se tornaron violentas, se han convertido en un desafío para Moreno, quien asumió el cargo en el 2017 y puso a la nación petrolera en un camino de reformas neoliberales después de años de un gobierno de la izquierda.
Ecuador espera ahorrar unos 1.500 millones de dólares con la eliminación de subsidios a los combustibles, que se suman a otras reformas tributarias y laborales propuestas por Moreno para combatir un abultado déficit fiscal. Ecuador alcanzó en febrero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares con un programa económico de tres años.