10 de mayo de 2010

Ecuador.- El Gobierno acusa a los indígenas de querer derrocar a Correa con sus protestas

QUITO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales de Ecuador, Orlando Pérez, aseguró este lunes que el verdadero objetivo de las protestas indígenas es "tumbar al presidente Rafael Correa" y acceder a mayores espacios de poder para gobernar el país.

"A mí me preocupa mucho, me molesta, como creo que molesta a mucha gente, las declaraciones de Lourdes Tibán (asambleísta de Pachakutik), de Marlon Santi (presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que ya no ocultan el verdadero propósito de este movimiento (que) es tumbar a Rafael Correa porque no están de acuerdo con él, porque no les dio todo lo que ellos pidieron", dijo Pérez en declaraciones a Radio Sonorama.

En la misma línea, el funcionario indicó que, más allá de las reivindicaciones que estos días han protagonizado las comunidades indígenas en contra de la reforma de la Ley de Recursos Hídricos, su verdadero propósito es acaparar los espacios de poder suficientes para dirigir el país.

"Primero pidieron la integración, lograron la integración; ahora pasan a las competencias, mañana pasan a las competencias y quieren otras cosas más porque en el fondo de fondos está la estrategia de poder, ellos quieren gobernar este país", aseveró el viceministro.

Pérez aseguró que esta "estrategia de poder" estaría respaldada por grupos políticos y económicos "que meten la pata" para financiar las movilizaciones indígenas contra el Gobierno, entre los que citó al ex presidente Lucio Gutiérrez y al ex candidato presidencial Álvaro Noboa.

El propio Correa instó la semana pasada a la población a investigar la procedencia de los fondos para financiar los desplazamientos a la capital de miles de indígenas desde todos los puntos del país y su estancia en la misma.

En referencia al texto legal que se debate estos días en las Asamblea Nacional sobre los Recursos Hídricos del país, Pérez apuntó que se han incorporado el 90 por ciento de las peticiones realizadas por los aborígenes.

Sin embargo, no se ha variado la consideración de estos bienes como estratégicos, una denominación que constituye el principal punto de enfrentamiento entre el Gobierno y estas comunidades porque implica que dichos recursos deben ser gestionados por el Estado.