22 de febrero de 2006

Ecuador.- El Gobierno decreta el estado de emergencia en Napo para proteger la producción de petróleo

QUITO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ecuatoriano decretó anoche el estado de emergencia en la provincia de Napo, que declaró como "zona de seguridad", para proteger la producción petrolera, según informó el secretario de la Administración, José Modesto Apolo, quien responsabilizó de los últimos incidentes al alcalde de Tena, Washington Varela.

El objetivo de esta medida, por la que han sido suspendidos varios derechos ciudadanos, es intentar frenar las violentas protestas de los habitantes de esta provincia amazónica, que reclaman al Gobierno de Alfredo Palacios los servicios que prometió a la región, donde se encuentra buena parte de la industria petrolera ecuatoriana.

En medio de las protestas, una comitiva formada por autoridades de Napo se reunió ayer en Quito con el ministro del Interior, Alfredo Castillo, pero finalmente no hubo ningún acuerdo para levantar las medidas de fuerza, según informa la prensa local, de la que se hace eco Europa Press.

Así, durante la reunión entre el ministro Castillo y los alcaldes de Tena, Washington Varela, y de Santa Clara, Rigoberto Reyes, que ayer se trasladaron a la ciudad de Quito en representación de la Asamblea Provincial, dejó como resultado negativo la ruptura del diálogo y la renuncia del gobernador de Napo, Marco Miño.

Mientras tanto, el bombeo de petróleo por el SOTE se reanudó ayer por la tarde tras la destrucción el lunes de la estación El Salado. Sin embargo, ahora ha quedado suspendido el bombeo en la estación Sardinas, del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por falta de mínimas garantías, después de que manifestantes invadieron sus instalaciones.

Por su parte, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, criticó la actitud de los huelguistas y advirtió de que en Ecuador se ha llegado a una situación en la cual la ley no puede ser aplicada, y que las comunidades que reclaman atención del Estado "han recurrido al chantaje, la coacción, el secuestro".

La ausencia de varios funcionarios gubernamentales se convirtió en el primer obstáculo para superar la paralización lo cual, sumado al condicionamiento de que se levante primero la huelga para iniciar formalmente la negociación económica, aumentó el malestar de las autoridades locales, quienes finalmente abandonaron el Ministerio.

Gina San Miguel, prefecta de Napo, dijo que fue el ministro quien "desbordó" la paciencia de la delegación provincial, ya que pidió un receso de 10 minutos pero se ausentó por una hora. "Prácticamente fue un desaire, añadió Rigoberto Reyes, quien anunció que hay un pedido formal para que el resto de provincias amazónicas se unan al paro.

Y esa era precisamente la consigna que Varela, Reyes y San Miguel iban a cumplir ayer en el Congreso, donde se dirigieron para pedir el respaldo de diputados amazónicos. "No vamos a pedir que medien ante el Gobierno, lo que queremos es que se unan al paro. Hay recursos, lo que no hay es voluntad", señaló Reyes, informa hoy 'El Universo'.

Para el alcalde de Santa Clara no hay otra salida que la de que el Gobierno envíe una delegación a Napo para resolver las exigencias provinciales, que según Varela, están en 100 millones de dólares (en obras viales, como contraparte de un préstamo internacional para la construcción del aeropuerto de Tena y obras de infraestructura).

Sin embargo, ante estas demandas de la Asamblea Provincial, la respuesta del Gobierno de Palacios fue tajante. "Desde el Gobierno no habrá negociación si no se suspende el paro", según se encargó de ratificar en varias ocasiones José Modesto Apolo, secretario de la Administración.

Entre tanto, Petroecuador estudia denunciar a los saboteadores que el lunes destruyeron la estación El Salado. Los manifestantes robaron los ordenadores, cortaron los cables del sistema de generación eléctrica y secuestraron a personal de la instalación, aunque esta última versión fue desmentida ayer por los manifestantes.