MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de México ha anunciado este sábado que ha decidido ofrecer "protección y resguardo" a la diputada opositora y expresidenta de la Asamblea de Ecuador Gabriela Rivadeneira, del partido Revolución Ciudadana, en su Embajada en Quito.
"El Gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió hoy en su Embajada en Quito, Ecuador, para brindarle protección y resguardo, a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de dicho país por el Movimiento Político Revolución Ciudadana", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de México en un comunicado.
En el documento, el Ministerio ha afirmado que con dicha acción reitera su compromiso "con el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política".
Asimismo, el Gobierno de México ha expresado su preocupación por la situación política que atraviesa Ecuador, que se ha visto sacudido en los últimos días por las protestas contra los planes de austeridad de las autoridades y que han dejado ya seis muertos y 937 heridos.
"En concordancia con sus principios constitucionales de política exterior, el Gobierno reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador", añade el documento.
En el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de México no ha detallado las condiciones por las que la diputada entra en su Embajada, los motivos ni si pidió o no asilo político.
La decisión de México se produce en medio de las protestas que vive Ecuador contra las medidas económicas del mandatario del país, Lenín Moreno, quien acusó al expresidente Rafael Correa y al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar impulsando "un golpe de Estado".
El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.
Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.
Los manifestantes, por su parte, exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel, a lo que ahora suman otras demandas que incluyen la cancelación del acuerdo con el FMI y el cese de los ministros de Interior y Defensa.
Al menos seis personas han muerto y 937 han resultado heridas desde el comienzo de los disturbios hace nueve días, según el último balance presentado este sábado por la Defensoría del Pueblo.