2 de abril de 2006

Ecuador.- El Ministerio de Economía asegura que las reformas en torno al reparto de beneficios del crudo no son ilegales

QUITO, 2 Abr. (EP/AP) -

La reformas legales que modifican el reparto de los beneficios excepcionales derivadoss de los altos precios del crudo en el mercado internacional entre el Estado y las transnacionales petroleras no son anticonstitucionales, afirmó el domingo el ministro de Economía Diego Borja.

"No hay violación constitucional, ni alteración de los contratos, porque existía un vacío legal", dijo Borja en entrevista con el canal 8 de televisión.

Las condiciones originales de los acuerdos firmados en la década pasada fijaban los precios referenciales de cada barril de crudo en alrededor de 15 dólares, lo que garantizaba a las empresas la recuperación de su inversión con utilidades razonables.

Actualmente los precios del petróleo están sobre los 60 dólares el barril y eso, según el ministro, dejaba a las transnacionales "una utilidad obscena del 190%". El Congreso aprobó reformas a la ley de hidrocarburos por las cuales "las utilidades extraordinarias" se repartirán en proporciones del 60% para el estado y 40% para las compañías.

Las petroleras privadas rechazaron las reformas aduciendo que un contrato suscrito no puede ser alterado por leyes posteriores, y por tanto la modificación sólo podría regir para los futuros acuerdos. Son partidarias de una renegociación en la que las dos partes (estado y empresas) renegocien y bilateralmente fijen una nueva repartición.

El presidente Alfredo Palacio deberá ratificar o vetar la ley aprobada por los diputados. Alberto Dassum, presidente de la Cámara de Industriales de Guayas, indicó el domingo a la AP que "si el Ejecutivo la aprueba (la ley) generaría un clima de altísima inseguridad jurídica".

Agregó que "no pueden haber leyes en ningún país que modifiquen contratos. Un contrato es un contrato".

El estado ecuatoriano exporta alrededor de 246.000 barriles de petróleo, por los cuales en el 2005 recibió 2.300 millones de dólares, con lo que se financió un 43% del presupuesto fiscal.