Actualizado 13/12/2014 23:29

Ecuador muestra su rechazo a EEUU por las sanciones a funcionarios venezolanos

Rafael Correa, presidente de Ecuador
Foto: JORGE LOPEZ / REUTERS

QUITO, 13 Dic. (Notimérica) -

   Ecuador ha mostrado su "más enérgico rechazo" a la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano mediante la promoción de la llamada 'Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014'.

   A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el documento refleja que "la referida ley constituye un intento desestabilizador contra el legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro".

   Para el gobierno de Rafael Correa, los argumentos de respaldo para imponer las sanciones a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro "no poseen un sustento sólido en hechos vinculados a la violación de los derechos humanos", basándose e información "que proviene de organizaciones que se ha comprobado que son financiadas por quienes tienen tendencias contrarias a los regímenes progresistas de la región", tal y como recoge la agencia ecuatoriana de noticias Andes.

   Además, el gobierno ecuatoriano aseguró que "no pasará por alto que se promuevan acciones de desestabilización", expresando su respaldo total y su solidaridad con Venezuela.

   La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles a favor de un proyecto de ley que dispone sanciones a altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, atribuyéndoles responsabilidades por supuestas violaciones a los derechos humanos. La norma, que ya había sido aprobada por el Senado, tiene que ser firmada ahora por el presidente Barack Obama.

   Se desconoce todavía quiénes y cuántos son los funcionarios sancionados, pero lo que sí se sabe es lo que busca la ley: "Imponer sanciones específicas a las personas responsables de violaciones de los DD.HH. a manifestantes de oposición en Venezuela, para fortalecer a la sociedad civil en Venezuela y para otros fines".

   Estas sanciones se suman a las de Obama por orden ejecutiva aplicadas el pasado julio, cuando prohibió la entrada a su país a varios funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos.