QUITO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones ecologistas, de indígenas, políticas y de derechos humanos exigieron a la Asamblea Nacional de Ecuador una consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien a favor o en contra de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, iniciativa impulsada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Las organizaciones sociales contrarias a la extracción petrolera esperan que una vez que llegue a la Asamblea la petición para que se declare de utilidad nacional a los campos petroleros del parque, ésta se incline por convocar un referéndum.
Se basan en el artículo 407 de la Constitución que especifica la prohibición de explotar recursos no renovables en las áreas no protegidas y en zonas declaradas como "intangibles". Y la Asamblea puede convocar excepcionalmente un referéndum si lo considera conveniente y si existe una "petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional", dice la Carta Magna.
"Seremos firmes en defender al Yasuní", dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Humberto Cholango, que indicó también que si no se permite que el pueblo decida sobre la explotación petrolera acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas.
El coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos, Eduardo Pichilingue, recordó que existen medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de los pueblos en aislamiento que no pueden pasar por alto.
Las organizaciones que piden esta consulta popular, explicaron en una rueda de prensa conjunta que agotarán las instancias nacionales y, si fuera necesario, lo denunciarán ante las cortes internacionales con el fin de salvar una zona que consideran "rica no sólo en biodiversidad" sino que es el hogar tradicional de muchos pueblos indígenas.
Este viernes, Correa firmó el decreto 74 por el que finalizaba la iniciativa Yasuní-ITT, un compromiso del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo bajo la Amazonía ecuatoriana.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se defiende la idea de una "explotación responsable" que sólo afectaría al uno por mil del área del parque. Mientras que el ministro de Justicia, Lenin Lara, afirmó que "hay la garantía, de que siguiendo la tecnología y los protocolos adecuados, no habrá una afectación".