QUITO, 4 Oct. (EP/AP) -
El presidente del congreso de Ecuador, Jorge Cevallos, afirmó hoy que la disolución de la asamblea legislativa, tal y como pide el ejecutivo y varios líderes virtualmente electos para la futura Asamblea Constitucional, sería "violar la Constitución".
En los medios políticos hay una división entre quienes piden que la Asamblea Constitucional, de plenos poderes, cierre el Congreso, y entre los que señalan que una decisión de esta naturaleza no está incluida en la Constitución vigente, por lo cual sería ilegal. La nueva Constitución, que será redactada por la nueva Asamblea, podría estar lista para agosto del 2008 y tiene que ser aprobada mediante un referéndum, que se celebrará presumiblemente en septiembre del año que viene.
En 1998, una Asamblea Nacional previa redactó la actual Carta Magna y mientras la estaba elaborando, funcionó paralelamente al Congreso. Cevallos aseguró que "aquí estoy, dando la cara para decirles que eso no puede suceder (cerrar el Congreso), que sería un mal precedente para la democracia de este país, que eso es violar la Constitución". "Estaremos aquí hasta el último minuto defendiendo la democracia en este país, defendiendo una Constitución que está vigente y que nadie puede dejar de respetar", añadió en la televisión Teleamazonas.
El presidente del país, Rafael Correa, declaró el domingo que debería disolverse el Congreso antes de comenzar a elaborar la nueva Constitución. Esta petición fue respaldada por el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, y por el principal candidato gobiernista, virtual asambleísta de acuerdo con los resultados extraoficiales, Alberto Acosta, entre otros líderes afines al régimen, entre ellos los indígenas.
Acosta, quien se cree que es el candidato más posible para presidir la futura Asamblea, dijo que "el Congreso Nacional no tiene ninguna opción de sobrevivir. Me imagino que ya debían haber hecho las maletas" y añadió que "no podemos tener en el ámbito legislativo dos poderes, el poder constituido y el poder constituyente. Ya tuvimos ese problema en 1998".
El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Hernán Rivadeneira, alegó que "no es posible disolver las funciones públicas, el estado de derecho no puede disolverse, no estamos en una dictadura, no va a llegar una dictadura". "Disolver el estado de derecho es una barbaridad (...) por favor no hablemos más de disolución", agregó.
El director de la organización no gubernamental Participación Ciudadana, José Valencia, sugirió que una vía inteligente para salir del problema y "no provocar tensiones políticas sería que el Congreso se autorregule y se inhiba de temas como las reformas constitucionales y otras que puedan chocar con la asamblea".
Participación ciudadana llevó adelante un conteo rápido de las elecciones de asambleístas del domingo, y, según sus cifras extraoficiales, otorgaron al oficialismo 72 de los 130 escaños. Los resultados oficiales se esperan para dentro de 20 a 30 días.