MURCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy las ayudas e incentivos previstos en su Plan 'Retorno', que entrará en funcionamiento a partir del próximo mes de enero para que los inmigrantes ecuatorianos regresen a su país, tales como exoneración de impuestos para la repatriación de enseres y bienes, así como bonos y 'microcréditos' para "lograr su reinserción".
Correa hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa que efectuó en el auditorio del edificio de usos múltiples de la Delegación del Gobierno en Murcia, al término de una visita por la Región en la que visitó ayer el municipio de Lorca, y desde donde partirá hacia Roma.
Sobre el retorno de los inmigrantes, Correa añadió que su Administración, que gobierna Ecuador desde hace casi nueve meses, "pretende ser el Gobierno de los inmigrantes, tal y como prometimos en la campaña electoral".
En este sentido, afirmó que "nadie sale de su patria por voluntad propia sino que parten expulsados por falta de educación, sanidad y trabajo", y catalogó el fenómeno de la inmigración como "la prueba más palpable del desastre político, económico y social del neoliberalismo".
Al respecto, dijo que su Gobierno "aún no ha solucionado todos los problemas estamos avanzando", y señaló que durante su gestión "se ha puesto en marcha la Secretaría Nacional del Migrante, que tiene rango de Ministerio y pretende ocuparse del bienestar de nuestros hermanos emigrantes, del respeto de sus derechos humanos y de su reagrupación familiar".
PETROLERAS
En cuanto al pago de más de 200 millones de euros que deben efectuar las empresas petroleras que operan en el país sudamericano, Correa señaló que esta cantidad "no corresponde a una devolución, sino a unas obligaciones que deben cumplir".
Y es que, según Correa "no se trata de nacionalizar ningún recurso, como ocurrió en Bolivia, sino que el petróleo siempre ha sido propiedad del Estado", por lo que criticó que "incluso con la Ley y el decreto anterior, las petroleras siguen adeudando esta cantidad".
Al respecto citó el artículo 247 de la Constitución ecuatoriana que "recoge la propiedad del estado de los recursos no renovables y, en general, de los productos del subsuelo, minerales y los que se encuentran bajo las aguas territoriales", y especificó que la explotación de estos recursos "puede ser llevada a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas".
Así, Correa se remontó a principios de la década de los 90, cuando el precio de extracción del petróleo era superior al de su venta, motivo por el que Ecuador cambió los contratos de prestación de servicios que el país contrajo por contratos de prestación, en virtud de los cuales Ecuador obtenía el 18 por ciento de los beneficios.
"En ese momento Ecuador fue engañada, ya que si la extracción no era rentable no lo era para el país ni para las petroleras", criticó Correa. "Luego el precio del barril subió hasta los 80 dólares y la rentabilidad de las empresas llegó a superar el 200 por ciento, aunque seguían pagando al Estado ecuatoriano dos o tres dólares por barril", apostilló.
En 2006, el Gobierno ecuatoriano aprobó una Ley por la que obtenía al menos el 50 por ciento de las ganancias del petróleo, aunque Correa dijo "haber aumentado ese porcentaje al 99 por ciento, que es la cantidad justa para el pueblo ecuatoriano".
Así, sobre las posibles reacciones de las petroleras a su decisión, Correa dijo "darle igual que se vayan si es lo que quieren", y matizó que Ecuador "necesita la justa parte de los ingresos", al tiempo que se preguntó "cual es el problema".
OLEODUCTO
En cuanto al oleoducto hasta Pernambuco (Brasil) establecido entre los gobiernos de este país y Venezuela, Correa dijo que "podría tratarse de un elemento que facilitará la cohesión y la integración regional", un proceso en el que dijo "participar plenamente con entusiasmo", aunque apoyó una integración "bolivariana y no neoliberal para convertirnos en un gran mercado".
Al respecto, dijo que el Gobierno de Venezuela y su presidente, Hugo Chávez "es quien menos necesita esta integración energética, ya que tiene 15 veces más petróleo que el resto de Sudamérica, y sin embargo es quien más la la impulsa".
Además, Correa citó el proyecto del gaseoducto iberoamericano "que muchos tachan de locura, aunque en Europa los hay más grandes todavía", por lo que recriminó las posiciones "elitistas de Europa" y se preguntó "por qué no podemos hacer allí lo mismo".
CONSTITUCIÓN
En cuanto a la renovación de la Constitución, Correa consideró que su puesta en funcionamiento "cambiará la institucionalidad política, la forma de representación, la estructura del nuevo congreso, ya que se tratará hacer representantes por distritos".
Sin embargo, dijo que las estructuras económicas y sociales "no se cambian por decreto, sino que se modifican con políticas adecuadas en base a un marco que lo permita hacer", aspecto en el que "la Constitución permitirá promover los cambios, aunque necesitará Gobiernos honrados, una cultura democrática y la reconstrucción del proyecto nacional".
Además, señaló que "siempre se había dicho que Ecuador era un país ingobernable y de bárbaros, pero lo que pasaba es que era invisible", y criticó que anteriores gobiernos "privilegiaban el capital sobre el trabajo y se rechazaba el gasto público".
Por ello, fijó como "premisas" la reparación de la estructura social y económica del país "para una democracia política", al tiempo que criticó que los anteriores gobiernos "lo que hicieron fue aumentar la desigualdad y la pobreza".
Por todo ello, esgrimió las políticas de su Gobierno durante sus nueve meses de gestión como "la verdadera solución a la gobernabilidad", y citó "la duplicación del bono de desarrollo humano, el bono de la vivienda, los libros gratis y la eliminación del costo de costo de consulta externa en hospitales", algo que "genera una regresión en la diferencia entre ricos y pobres", señaló.
En cuanto a la Asamblea de Ecuador, Correa pronosticó "una coordinación total entre sus miembros y el Gobierno", al tiempo que reiteró su confianza "en el criterio y capacidad de los asambleístas, que podrán votar en libertad temas como el aborto y el matrimonio homosexual", por lo que descartó su intervención en la acción de este organismo y señaló que "cualquier divergencia se solucionará con debate".
Respecto al Congreso de Ecuador, Correa denunció públicamente su "mediocridad", y dijo que los congresistas "no saben legislar, por lo que el organismo no vale para nada". Por todo ello, explicó que el Congreso "tendrá que ser disuelto por la Asamblea constituyente" y durante su receso "una Comisión legislativa se encargará de sus funciones".
Por su parte, Correa anunció "ligeros" cambios en su gobierno que responderán "a una reubicación más que a una sustitución", así como una reestructuración territorial "para equilibrar las diferencias demográficas, económicas y de representatividad", para lo que se pasará del actual sistema de provincias a otro de provincias que originará siete regiones y dos distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil.