QUITO, 10 Ago. (Notimérica) -
En el marco de la 17ª sesión del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolla este miércoles en Ginebra, la delegación de Ecuador destacó la propuesta a favor de la eliminación de los paraísos fiscales.
Estos lugares son incompatibles con instrumentos internacionales como el derecho internacional de los Derechos Humanos, las convenciones sobre la corrupción, y los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Agenda de Addis Abeba para la Acción sobre Financiación para el Desarrollo.
Durante la cita, los delegados debatieron sobre las repercusiones negativas de las cuentas 'off shore' en los países e insistieron en la necesidad de establecer una economía ética que ponga en primer lugar a los seres humanos y sus derechos, según informa la agencia 'Andes'.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, planteó un Pacto Ético que busca impedir que personas que tengan dinero en paraísos fiscales puedan ser candidatos a cargos de elección popular o funcionarios públicos. La iniciativa será llevada a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Según el informe del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Deuda Externa, estas zonas de evasión fiscal esconden entre el 10 y el 30 por ciento de la riqueza financiera de los hogares a nivel mundial.
"El Comité Asesor y los Expertos Independientes agradecieron con gran interés esta propuesta la misma que será incluida entre las opiniones y aportes de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales competentes y otros actores relevantes, para su informe a ser presentado al Consejo de Derechos Humanos", informó la representación ecuatoriana liderada por la embajadora de Ecuador en Ginebra ante las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa.
Indicó también que los expertos participantes coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones a la evasión y elusión fiscal, al abuso del secreto bancario, la falta de transparencia y la desregulación tributaria que pueden constituir un atractivo para el flujo de fondos ilegales o ilícitos, con graves efectos en los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas, incluyendo el derecho al desarrollo.