Borrell ha expresado a Pompeo y Bolton su rechazo a la Ley Helms-Burton, por "principio" y porque podría afectar a compañías españolas
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha decidido aplazar otras dos semanas, hasta el 1 de mayo, la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, que abriría la puerta a que ciudadanos estadounidenses denuncien ante los tribunales de ese país a empresas extranjeras que hagan negocio con bienes nacionalizados por el régimen de Fidel Castro.
Tradicionalmente, la aplicación del Título III de la ley es suspendida por periodos de seis meses por el Gobierno estadounidense, pero eso ha cambiado en 2019. La suspensión fue solo de 45 días, después de otros 30 y ahora de 15 más.
"Con esta suspensión se ha creado alarma e incertidumbre entre los potenciales afectados", explica a Europa Press el abogado José María Viñals, socio y director de Operaciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm. Viñals detalla que si Washington decide, finalmente, volver a suspender la aplicación de la ley, tendría que comunicarlo a los comités del Senado y la Cámara de Representantes en o antes del próximo 18 de abril.
Si no lo hace, la medida podría afectar a numerosas empresas españolas, inversoras en el país --la inversión directa de España en Cuba se estima, según la Secretaría de Estado de Comercio, en 300 millones de euros-- o a empresas exportadoras --la cifra alcanza los 900 millones de euros al año--.
El motivo es que la ley permitiría presentar denuncias contra quienes "trafiquen" con bienes confiscados, sin que sean necesariamente propietarios de los activos. "Es un concepto sumamente amplio, que podría incluir a propietarios, operadores e incluso aquellos que colaboran directa o indirectamente con el objeto de que otros se beneficien de esos bienes", explica Viñals, apuntando que, por esa vía, incluso pequeños exportadores podrían verse afectados.
La preocupación española por la posible aplicación de esa ley se la ha expresado Borrell tanto a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, como al consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. También a congresistas demócratas y republicanos con los que se ha reunido en su viaje a Washington esta semana. El rechazo español es "de principio" pero también debido al efecto que tendría en empresas españolas.
"Es previsible que la Unión Europea siga mostrando una oposición férrea frente al levantamiento de la suspensión, porque sería una injerencia no solo en la soberanía de Cuba sino, también, de aquellos países cuyos ciudadanos e inversores hagan negocios en Cuba. Tendría efectos extraterritoriales sobre empresas que han hecho inversiones legales según las normas europeas y cubanas", detalla Viñals.
"REGLAMENTO ANTÍDOTO" DE LA UE
Este experto señala, de hecho, que la UE tiene aprobado un "reglamento antídoto" que prohíbe a las empresas europeas cumplir, directa o indirectamente, con los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, incluida la colaboración en investigaciones.
Así, una sentencia no sería de aplicación en territorio de la UE. Sin embargo, cabe la posibilidad, si así lo interpreta y solicita un juez federal norteamericano, que un demandante consiga que se embarguen activos de una empresa europea en EEUU o un tercer país. En ese caso, la legislación europea permitiría a esta empresa iniciar acciones judiciales contra los bienes de los denunciantes en Europa con el objetivo de resarcirse por los efectos provocados por la Helms Burton.
"En el caso de que se levantara completamente la suspensión estaríamos de facto en una guerra comercial y de batallas judiciales entre Europa y Estados Unidos, que son socios y aliados", añade Viñals, convencido de que Washington medirá muy bien su próximo paso.
Por otro lado, sostiene que la aplicación de la norma sería de difícil ejecución incluso en Estados Unidos, porque la Enmienda 14 a la Constitución haría muy difícil que el denunciante inicie acciones legales contra empresas que no tengan cierta presencia en EEUU.
WASHINGTON ESGRIME LA INFLUENCIA DE CUBA EN VENEZUELA
Este miércoles, en su comunicación al Congreso para informar de la nueva prórroga, Pompeo recalcó que el Departamento de Estado vigila la "situación de derechos humanos" en Cuba, pero también "el apoyo continuo militar, de seguridad y de inteligencia de Cuba" al venezolano Nicolás Maduro, "responsable de la represión, la violencia y una crisis humanitaria", según ha publicado el 'Miami Herald'.
Desde el pasado 19 de marzo está en vigor un levantamiento parcial de la suspensión que permite a los ciudadanos estadounidenses presentar denuncias contra las entidades cubanas que están en la "Lista Restringida" aprobada por el Departamento de Estado.
En esa lista están el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Ministerio del Interior y las empresas CIMEX, Habaguanex, GAESA, Gaviota y Unión de Industria Militar. En la lista también figuran multitud hoteles propiedad de estas empresas y que están gestionados por hoteleras españolas, principalmente Meliá e Iberostar.
Sin embargo, Viñals explica que, en principio, solo pueden ser demandadas las empresas incluidas en la lista, no los activos. Además, el propio Departamento de Estado ha detallado que su intención, con esta suspensión parcial, no es ir contra las empresas extranjeras.
"Sin embargo, otra cosa es lo que pueda interpretar un juez federal", añade. Con todo, lo cierto es que hasta la fecha no hay constancia de que se haya presentado ninguna demanda ante un tribunal federal en virtud de este levantamiento parcial.