WASHINGTON, 19 Abr. (EP/AP) -
El Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyó hoy al Gobierno de Colombia para zanjar las posibles dudas que planteó un senador quien bloqueó la ayuda militar a este país de América Latina. Además la oficina insistió en que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, trabaja de manera "abierta, transparente y legal".
"Hemos dialogado con él sobre este tema en varias oportunidades y, por supuesto, deseamos trabajar con el senador para responder cualquier preocupación que pueda tener", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.
Así lo declaró e hizo alusión al senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, quien bloqueó la entrega de 55 millones de dólares (40,40 millones de euros) a Colombia al exigir garantías de que el aparato militar colombiano estaba respetando los derechos humanos.
Específicamente, Leahy está preocupado por informes de prensa que vinculan al jefe del ejército, general Mario Montoya, con un narcotraficante y hombre fuerte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar al cual Estados Unidos considera organización terrorista internacional.
McCormack indicó que la administración del presidente George W.
Bush ha tenido "un muy buen diálogo con el presidente Uribe y sus representantes sobre este asunto, y creemos que estos temas deben ser tratados de una manera seria".
Explicó que la ayuda estadounidense a Colombia se está destinando al proceso de desmovilización de miembros de la AUC que "han sido acusados de violaciones de los derechos humanos" y el presidente lo está haciendo de una forma "abierta, transparente y acorde con la ley colombiana".
"El presidente Uribe ha hablado de que las investigaciones están en marcha y continuarán sin importar las consecuencias, y hemos visto en conversaciones públicas y privadas las evidencias del caso", señaló McCormack.
El bloqueo de la ayuda se produjo en momentos en que Uribe trata de convencer al Congreso de que apruebe un tratado bilateral de libre comercio y un nuevo paquete de ayuda financiera por unos 600 millones de dólares (440,80 millones de euros).
La acción de Leahy casi coincidió en el tiempo con un pronunciamiento conjunto ayer miércoles por parte de organizaciones de derechos humanos que pedía al Congreso retener la ayuda "a menos que las alegadas vinculaciones de AUC con el general Montoya y cualquier político colombiano sean investigadas".
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) dijeron que de confirmarse los citados vínculos, deberían también presentar acusaciones ante los tribunales contra los involucrados.
Por su parte, el vicepresidente colombiano Francisco Santos, de visita en Washington, dijo que su Gobierno estaba "desmontando un aparato de muerte (...) con total transparencia, a través de mecanismos institucionales y con el total respaldo del gobierno colombiano para que el que la haga la pague".