WASHINGTON, 3 Oct. (DPA/EP) -
El Gobierno de Donald Trump está preparando una nueva regulación que permitirá a las fuerzas de seguridad recoger muestras de ADN de los migrantes detenidos para que esta información genética se incorpore a las bases de datos de agencias federales como el FBI, lo cual podría dar lugar a una persecución legal contra ellos, según han advertido las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Los encargados de ejecutar esta nueva regulación serán los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, para lo cual se servirán de los agentes de Inmigración y Aduanas y de Protección Fronteriza, que recibirán una formación específica para recoger las muestras de ADN.
Esta idea parte del programa piloto que ya está en marcha para determinar si los adultos y niños migrantes que llegan a la frontera son realmente familia. En junio, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleen, indicó que, de las 109 supuestas familias que se sometieron al test genético 17 resultaron no ser familia, lo que supone un 15 por ciento del total.
La nueva regulación ofrecerá "un camino completamente diferente", según han explicado fuentes oficiales. No se limitará a la comprobación de los vínculos familiares, sino que aportará un "perfil completo de ADN" que se incluirá en la base de datos del FBI. De momento, no está claro a quién se aplicará y si podrá negarse ni qué uso se hará de la información genética.
Interrogados sobre las implicaciones a largo plazo del hecho que personas bajo custodia policial pero sin acusación ninguna acaben en una base de datos para criminales, los funcionarios consultados han asegurado que se cumplirán los estándares de privacidad. "Hay un aspecto criminal en esta población", ha apostillado uno de ellos.
"El Gobierno no tiene un buen historial de recolección y protección de material genético de poblaciones marginales, incluidos extranjeros y personas de color", por lo que, "en ausencia de un principio limitar, estoy realmente preocupado por (posibles) abusos", ha dicho Andrew Free, un abogado de Derechos Humanos de Nashville al portal de noticias CQ Roll Call.
Por su parte, Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, una ONG que ofrece ayuda legal a los migrantes en el estado de Washington, ha avisado de que la nueva regulación podría aumentar la separación de familias migrantes, una práctica gubernamental que ha tenido que frenar la Justicia.
"Dada la horrible separación de niños, de retrasos en la reunificación familiar y los esfuerzos para prolongar las detenciones, no es una sorpresa que estén intentando usar algo como esto para provocar más problemas en las separaciones familiares", ha alertado.
En opinión de Adams, "hay que asumir que cualquier información que se dé va a ser usada para propósitos legales". Jenn Budd, un ex agente fronterizo reconvertido en activista, ha contado a CQ Roll Call que esta información genética puede ayudar a las fuerzas federales a crear un mapa sobre la red de migrantes que puede ser usado para una futura persecución legal.
"Y, por supuesto, a quién va a afectar especialmente es a la gente de color y en la frontera", ha augurado Budd. Free ha recordado en este sentido que "las poblaciones marginales de las zonas fronterizas son un campo de pruebas para las nuevas tecnologías".
Además, Free ha apuntado que estas prácticas podrían acabar usándose también contra ciudadanos estadounidenses. "Lo que los estadounidenses deberían preguntarse es si les parece bien que en el futuro, cuando sean detenidos por una falta civil, como una multa de tráfico (...), el Gobierno pueda recolectar masivamente su información genética", ha planteado.