MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del estado norteamericano de Oregón ha presentado este sábado una denuncia contra el Gobierno federal de Estados Unidos al constatar una serie de detenciones extrajudiciales registradas durante los últimos dos días realizadas por individuos con uniforme militar en furgonetas sin identificación a las órdenes del Departamento de Seguridad Interior.
La denuncia, presentada por la fiscal Ellen Rosenblum, está dirigida no solo contra el departamento que dirige provisionalmente Chad Wolf, el elegido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también contra el servicio de Marshals de Estados Unidos y otras agencias federales.
"La actual escalada de miedo y violencia en el centro de Portland está siendo impulsada por tácticas federales de aplicación de la ley que son completamente innecesarias y fuera de lugar con la forma de Oregón", según el comunicado de la Fiscalía. "Estas tácticas deben terminar", ha añadido.
Asimismo, tanto su oficina como el fiscal de distrito del condado de Multnomah también lanzarán una nueva investigación criminal estatal sobre las lesiones infligidas a Donavan LaBella, un manifestante de 26 años que recibió un disparo con munición no letal en la cabeza efectuado por agentes federales el 11 de julio, sin mediar provocación alguna.
El Gobierno estadounidense ha explicado que estas detenciones son una especie de operación piloto destinadas a combatir grupos anarquistas violentos y antifascistas supuestamente aparecidos a raíz de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial de las últimas semanas, según el subsecretario en funciones de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli.
Cucinelli, en comentarios a la emisora pública estadounidense NPR, ha manifestado su intención de extender estas operaciones "a otras partes del país", sean aprobadas o no por las autoridades locales.
La demanda tiene lugar después de que un tribunal admitiera la posibilidad de que un grupo de periodistas agredidos recientemente por las fuerzas de seguridad locales pudiera demandar a las agencias federales por su actuación durante las protestas, al establecer teóricamente el protocolo a seguir para contener a los manifestantes.