Actualizado 23/02/2015 07:20

Gobernador de Texas: Acciones de Obama en inmigración son inconstitucionales

Greg Abbott, gobernador de Texas y Barack Obama
Foto: REUTERS

   WASHINGTON, 23 Feb. (Notimérica/EP) -

   El gobernador del estado estadounidense de Texas, el republicano Greg Abbott, ha subrayado este domingo que las acciones ejecutivas del presidente, Barack Obama, en materia de inmigración son inconstitucionales, anticipando que el caso contra él llegará al Tribunal Supremo.

   "La demanda que he presentado contra el presidente no está relacionada con el tema de la inmigración. Tiene que ver con que el presidente se extralimita y se niega a ceñirse a la Constitución", ha valorado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CBS.

   "En lugar de permitir al Congreso establecer las leyes de inmigración, como establece la Constitución, crea una nueva ley. Estamos ante una situación en la que el presidente ha violado el Estado de derecho", ha recalcado Abbott.

   Un juez federal de Texas ordenó el lunes bloquear temporalmente la acción ejecutiva anunciada por Obama a nivel nacional el pasado mes de noviembre, con la que pretendía aplazar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados.

   La medida anunciada por el mandatario estadounidense pretendía postergar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular que llegaron al país siendo niños, así como de los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. En total, cerca de cinco millones de personas podrían beneficiarse de esta medida.

     Abbott, celebró con políticos republicanos "la victoria" que representa a su juicio el fallo del juez federal Andrew Hanen, que suspendió temporalmente la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama.

   Abbott elogió la decisión emitida el lunes pasado por Hanen, que calificó como "una victoria para Estados Unidos, para la vigencia de la ley y para la Constitución",

   Un total de 24 estados se habían enfrentado a la medida, llegando a demandar ante los tribunales a las agencias gubernamentales y federales, alegando que la orden ejecutiva anunciada por el Ejecutivo era "inconstitucional".