La ONG acusa al Gobierno estadounidense de convertir a "los inmigrantes en criminales"
MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El aumento de los procesos penales contra inmigrantes por entrar o volver a entrar ilegalmente en Estados Unidos tiene un coste humanitario y financiero enorme, ya que afecta principalmente a personas que esperan reunirse con sus familiares en territorio estadounidense o que huyen de la persecución a la que están sometidos en sus países de origen, según ha revelado este miércoles la ONG Human Rights Watch en el informe "Convirtiendo a los inmigrantes en criminales: el impacto dañino de los procesamientos en la frontera de Estados Unidos".
El informe documenta el impacto negativo de los procesos judiciales por entrar o volver a entrar de forma ilegal en el país norteamericano, que han aumentado un 1.400 y un 300 por ciento respectivamente en los últimos diez años y que, en la actualidad, superan el número de procesamientos por cualquier otro delito federal.
Según HRW, en 2012, más de 80.000 personas fueron condenadas por estos delitos, la mayoría de ellas en juicios rápidos en los que se violaron sus derechos de un juicio justo. La mayoría de los condenados son separados de sus familias, que se encuentran en territorio estadounidense, o acaban en las superpobladas cárceles federales del país durante meses e incluso años.
"El Gobierno de Estados Unidos está convirtiendo a los inmigrantes en criminales al procesar a muchos que podrían ser simplemente deportados", ha declarado la autora del informe e investigadora para Estados Unidos de HRW, Grace Meng. "Muchos de estos inmigrantes no suponen ninguna amenaza para la seguridad pública, son simplemente gente que intenta estar con sus familias", ha añadido.
El proyecto de reforma migratoria del Senado, propuesta por el "Grupo de los ocho", compuesto por demócratas y republicanos, solicita 250 millones de dólares (193,3 millones de euros) adicionales para aumentar este tipo de procesamientos en Tucson, Arizona. La reforma también solicita el aumento de la pena máxima para muchas de las personas acusadas de entrar o volver a entrar ilegalmente. La ONG considera que el Gobierno estadounidense debería acabar con este tipo de procesos innecesarios.
MENOS RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES
El rápido aumento de los procesos federales relacionados con delitos de inmigración forman parte de una tendencia más amplia en la que los recursos para combatir los delitos penales se han destinado a combatir los delitos de inmigración, tradicionalmente considerados como un asunto civil, según HRW. La entrada ilegal, entrar en el país sin autorización, es un delito menor, mientras que la volver a entrar de forma ilegal, entrar en el país tras haber sido deportado, es un delito.
El Gobierno estadounidense afirma que estos procesos son necesarios para evitar que los criminales peligrosos entren en Estados Unidos y para disuadir la inmigración ilegal. Sin embargo, la ONG asegura que los juicios contra inmigrantes no están cumpliendo con los objetivos previstos.
El magistrado texano Felix Recio ha señalado a HRW que el Ejecutivo estadounidense ha creado un "tipo de delito grave" para los no ciudadanos. "Cuando no existen antecedentes penales ni antecedentes de inmigración, la criminalización de los acusados es algo muy difícil" para mí, ha asegurado.
Además, muchas de las personas que entran o vuelven a entrar en Estados Unidos ilegalmente, lo hacen por motivos que nada tienen que ver con actividades criminales, tales como reunirse con su familia o porque huyen de la violencia y la persecución de sus países de origen.
"Desde hace diez años, he presenciado como los procesos judiciales destrozan familias todos los días, varias veces al día", ha revelado el juez Robert Brack, que estima que ha sentenciado a más de 11.000 personas por entrar o volver a entrar ilegalmente.
EL AUMENTO DE LOS PROCESOS ES UNA PÉRDIDA DE DINERO
Según HRW, aumentar los procesos judiciales contra los inmigrantes sería contraproducente y una pérdida de dinero. El volumen de los juicios relacionados con la inmigración ilegal ha superado a los tribunales federales de la frontera del suroeste, lo que ha provocado que el sistema de justicia federal haya adoptado una serie de atajos, tales como los juicios rápidos, que ponen en peligro los derechos del acusado.
El antiguo fiscal general de Arizona Terry Goddard ha explicado a la ONG que los procesos judiciales relacionados con la inmigración quitan recursos a las investigaciones y los procesos relacionados con el crimen organizado y otros tipos de delitos graves que afectan a la seguridad de la frontera estadounidense.
Los condenados por un tribunal federal por entrada ilegal en el país pasan una media de 19 meses en una prisión federal. En la actualidad, el 30 por ciento de los reclusos de las cárceles federales son personas condenadas por delitos relacionados con la inmigración ilegal.
EL PROYECTO DE REFORMA DEL SENADO, UN PASO IMPORTANTE
HRW considera que el proyecto de reforma del Senado ha dado un paso importante al prohibir el procesamiento penal de aquellas personas que solicitan asilo y al autorizar a algunas personas que han sido deportadas a legalizar su situación. Sin embargo, prohíbe que la mayoría de las personas deportadas y condenadas por delitos no relacionados con la inmigración puedan legalizar su situación, independientemente de la gravedad o antigüedad de sus delitos.
La ONG insta al Ejecutivo estadounidense a imponer únicamente sanciones civiles a aquellas personas que son detenidas cuando cruzan la frontera de forma ilegal y a incluir en la reforma migratoria de forma clara y comprensiva las vías a través de las cuales una persona deportada puede solicitar regresar a Estados Unidos de forma legal.
"Si la administración Obama y el Congreso quieren realmente reformar la inmigración para proteger a las familias, deberían otorgar a todas las personas que han sido deportadas y separadas de sus familias una oportunidad para demostrar que pueden contribuir a la sociedad", ha manifestado Meng. "Si no, el Gobierno está condenado a continuar gastando millones en procesar y encarcelar a personas con fuertes lazos con Estados Unidos", han concluido.