Actualizado 25/03/2008 19:08

EEUU/México.- El Supremo dictamina que Bush se excedió al ordenar reabrir el caso de un condenado mexicano a muerte


WASHINGTON, 25 Mar. (Reuters/EP) -

El Tribunal Supremo sentenció hoy por seis votos a favor y tres en contra que el presidente estadounidense, George W. Bush, se excedió en sus competencias al ordenar la reapertura de casos con condenados a muerte de nacionalidad mexicana a instancias del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

El Supremo determinó que Bush violó las competencias de su propio estado, Texas, al ordenar el cumplimiento del mandato de La Haya de revisar los casos de José Medellín, condenado por un doble asesinato, y de otros 50 mexicanos que se encuentran en prisiones estadounidenses a la espera de ser ejecutados. Medellín se encuentra en el corredor de la muerte desde 1994.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, indicó que Bush no puede pedir a los estados la revisión ni la reconsideración de las demandas de los 51 mexicanos en contra de las leyes estatales.

Los abogados de Medellín apelaron al Supremo por la última sentencia de los tribunales texanos que determinaban también que Bush se había excedido en sus competencias alegando que Estados Unidos violaba así sus compromisos internacionales. La administración de Bush apoyó entonces a Medellín argumentando que el presidente debe tener la autoridad para garantizar que Estados Unidos cumple con los tratados suscritos. También el Gobierno mexicano apoya a Medellín.

A Medellín le fue denegada su petición de asistencia consular de las autoridades mexicanas tras ser detenido en Texas en junio de 1993 bajo los cargos de violación y asesinato de dos adolescentes. El Tribunal Internacional de Justicia ordenó la revisión de su caso, así como de los demás condenados mexicanos, basándose en la Convención de Viena y el derecho que recoge a recibir asistencia consular tras la detención en un país extranjero.

En 2005, Bush decidió cumplir el mandato de La Haya y remitió un memorando al entonces Fiscal General, Alberto Gonzales, en el que solicita a los tribunales del estado la revisión de estos casos y determinar si la violación de los derechos de los detenidos influyó en el procesamiento o la sentencia.

Las autoridades texanas han reconocido que nunca se le informó a Medellín de que podía haberse puesto en contacto con los diplomáticos de su país, pero argumentan que esa petición no se puede cumplir ahora porque no la presentó con anterioridad. Además, esgrimen, si se hubieran respetado los tratados internacionales no habría variado el resultado del juicio.

Roberts rechazó el argumento de la administración de que Bush tiene autoridad de establecer normas vinculantes que afecten a las decisiones de la justicia y reemplacen a la legislación estatal.

El memorando, según Roberts, no está apoyado por la autoridad de Bush en Asuntos Exteriores para resolver reclamaciones. Roberts, nombrado por Bush, sumó su voto a los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, John Paul Stevens y Samuel Alito, el otro juez del Supremo nombrado por el actual presidente. Stephen Breyer, David Souter y Ruth Bader Ginsburg votaron en contra.