GUATEMALA, 8 Feb. (Notimex/Notimérica) -
La Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo Sostenible (ALDS), una asociación conservadora de Guatemala, acusó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de extralimitarse en sus funciones.
La representante de la ALDS, Carolina Castellanos, dijo que su organización rechaza "totalmente" la convocatoria de la CICIG para reformar la justicia de Guatemala y sus intenciones de promover cambios en la Constitución. Castellanos indicó que ambos asuntos "competen únicamente a los guatemaltecos".
Asimismo, explicó que la CICIG, dirigida por el exfiscal colombiano Iván Velásquez, se debe centrar en apoyar al Ministerio Público en la lucha contra la impunidad, la corrupción y las estructuras del crimen que operan desde el Estado.
La dirigente de ALDS, que promueve el Estado de Derecho en el país, señaló que la organización reconoce y agradece a la CICIG sus logros en la lucha contra la corrupción, sin embargo, su función es aumentar las capacidades del Ministerio Público y fortalecer su institucionalidad.
La investigación de la CICIG y el Ministerio Público permitió la desarticulación de una estructura criminal y de corrupción que desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se dedicaba a la defraudación fiscal y contrabando.
Este caso, conocido como 'La Línea', llevó a la renuncia y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, después de las numerosas manifestaciones ciudadanas en contra de la corrupción en la SAT.
Las investigaciones de la CICIG han constituido el procesamiento y encarcelamiento de destacados funcionarios, políticos y empresarios guatemaltecos por casos de corrupción y hechos criminales.
Castellanos señaló que los titulares de la CICIG, sistema de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la embajada de Estados Unidos, entre otros funcionarios internacionales, "causan inestabilidad política" e interfieren en la formación de la nueva Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal del país.
La CICIG, cuyo actual mandato de dos años finalizará en septiembre de 2017, se instaló en el país en 2007 tras la ratificación de un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala.
Velásquez anunció recientemente una convocatoria para un diálogo nacional con el fin de promover la discusión de reformas al sistema de justicia, que encabezarán los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia.