20 de diciembre de 2006

España/Argentina-La Audiencia Nacional dice no ser competente para juzgar a Cavallo y remite las actuaciones a Argentina

Subraya que la jurisdicción española basada en la justicia universal "debe ceder" ante la del lugar de comisión del delito

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó hoy un auto en el que se declara no competente para juzgar al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) y remite las actuaciones a Argentina, al entender que no hay impedimento para juzgarle en el país en el que se cometieron los hechos después de que se hayan abolido las leyes de punto final y obediencia debida.

La Sección Tercera de lo Penal ha tenido en cuenta los argumentos del abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, quien pidió una declinatoria de jurisdicción al entender que su cliente era ya investigado en Argentina por los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención. Tanto el fiscal como las acusaciones personadas en la causa pidieron que Cavallo fuera juzgado en España, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional que estableció que los tribunales españoles tienen competencia para investigar crímenes de lesa humanidad.

El auto, que se basa en la citada sentencia dictada en septiembre de 2005 por el Tribunal Constitucional en el "caso Guatemala", en la que establece la prioridad del principio de territorialidad, da cuarenta días a las autoridades argentinas para que soliciten la extradición del ex militar argentino, encarcelado desde junio de 2003 en España, después de que fuera extraditado por México a España.

El tribunal afirma que en este caso debe "darse y reconocerse una absoluta prioridad a la jurisdicción argentina, siempre y cuando se ejercite de manera eficaz y ello sin que frente a este criterio puedan alzarse otros como la protección de intereses internacionales o la nacionalidad española de las víctimas". Insiste en que la jurisdicción española basada en la justicia universal "debe ceder" ante la del lugar de comisión del delito.

"RAZONABILIDAD PROCESAL".

A pesar de reconocer "la incuestionable" competencia de la justicia española para perseguir delitos de genocidio y terrorismo, la Sección Tercera de lo Penal apunta en su auto, de 14 páginas, que ante la concurrencia de jurisdicciones "resulta imprescindible" la introducción de alguna regla de prioridad, "siendo compromiso de los Estados la persecución de tan atroces crímenes por afectar a la Comunidad Internacional".

De este modo, afirma que "una elemental razonabilidad procesal y político-criminal ha de otorgar prioridad a la jurisdicción del Estado donde el delito fue cometido". Agrega que, en este caso, es preferente "el 'locus delicti' (lugar donde se cometió el delito) por encima de cualquier otro criterio de atribución del conocimiento de los tribunales como pudieran ser los vínculos de conexión, como la nacionalidad de las víctimas".

Destaca que la prioridad del lugar donde se ha cometido el delito viene recogido en diversos convenios, tratados internacionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Añade que a este principio se ha hecho referencia expresa en varias resoluciones que se refieren a esta investigación, al afirmar "la jurisdicción española ante la falta de persecución de los hechos por Argentina como consecuencia de las leyes de punto final y obediencia debida", anuladas por la Corte Suprema de Argentina.

CAUSAS ABIERTAS EN ARGENTINA.

La Sala se refiere, en este sentido, a diversas comisiones rogatorias libradas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12 de Buenos Aires, que investiga estos hechos, para corroborar que la jurisdicción penal argentina sigue hasta tres procesos por los mismos hechos que se le imputan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La primera petición de auxilio, de diciembre de 2004, se refiere a una causa abierta contra el ex militar relacionada con los hechos ocurridos durante la dictadura militar. También se dirigió a la Audiencia en diciembre de 2005, cuando verificó que Cavallo aparecía en el listado de los responsables que mantuvieron retenidas en la ESMA a las víctimas de la dictadura, bajo condiciones inhumanas.

La tercera Comisión Rogatoria, de septiembre de este año, ordenaba a la Sección Tercera recabar información para decidir el rechazo o procedencia de la inhibitoria solicitada por la defensa de Caballo. Todas ellas se oponen a los argumentos esgrimidos por el fiscal y las acusaciones populares y particulares acerca de que Cavallo únicamente está imputado en España.

En cuanto a la extradición, el tribunal reseña que "a la efectiva persecución" de los hechos por la jurisdicción argentina "no le empaña, dificulta o imposibilita" el que las autoridades argentinas no hayan todavía cursado a España la solicitud de entrega y que Cavallo se encuentre en nuestro país, en situación de prisión provisional, sometido al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional. Añade que se encuentra en trámite un procedimiento de requerimiento de inhibición a España a petición de la defensa del ex militar.

De hecho, la Audiencia remite el auto al Juzgado que investiga a Cavallo en Argentina para que sirva de denuncia y sea también allí investigado por los hechos que se le imputaban en España. Contra el auto dictado hoy las partes pueden interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que previsiblemente harán las acusaciones personadas.