9 de julio de 2006

España/Argentina.- El Gobierno amplía la extradición del presunto represor Fotea por la desaparición de dos religiosas

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha decidido ampliar la extradición a Argentina del presunto represor Juan Carlos Fotea por nuevos crímenes cometidos durante la dictadura militar que vivió el país sudamericano entre 1976 y 1983. En esta ocasión, se trata de la detención de doce personas, dos religiosas francesas y diez familiares de desaparecidos, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, que fueron torturados en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), según consta en el documento que acuerda la entrega por estos hechos, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los detenidos habían participado en una reunión en una iglesia en la que se había hecho una colecta para reclamar información sobre los desaparecidos a las autoridades militares. Una vez en la ESMA fueron sometidos a interrogatorios, "mediante la aplicación de diferentes tormentos, para luego ser alojados en condiciones inhumanas en las instalaciones".

Una de las personas que fueron detenidas en aquella ocasión ha identificado a Fotea entre sus represores, como integrante de la Unidad de Tareas que operaba en la ESMA. Cinco de los arrestados constan como fallecidos entre el 22 y el 29 de diciembre de 1977. Por eso, Argentina ha solicitado a España que se amplíe su extradición por estos hechos.

EXTRADICIÓN YA CONCEDIDA.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado mes de mayo la extradición a Argentina del presunto represor Juan Carlos Fotea, por el secuestro y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, ocurrido el 25 de marzo de 1977, siempre y cuando hubiera sido juzgado en España por la detención ilegal sufrida por Alicia Milia de Pirles, que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

La Audiencia consideró procedente la extradición, porque la petición argentina cumple los requisitos establecidos en la ley, como la doble incriminación, es decir, que los hechos imputados por Argentina (delitos contra la libertad individual y robo) estén también penados en España, donde están tipificados como detención ilegal y robo con fuerza en las cosas.

Además, el tribunal descartaba la prescripción alegada por la defensa, aunque hayan pasado más de 30 años de la comisión de los delitos imputados, porque "no puede olvidarse que son encuadables dentro de una represión generalizada ordenada por los integrantes de la dictadura militar que gobernaba Argentina (1976-83) y realizados por un grupo de personas pertenecientes al Ejército, Armada y Policía Federal de Argentina con base operativa en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA)".

El secuestro de Walsh, cometido un día después del primer aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es constitutivo de delitos de genocidio y/o lesa humanidad, por lo que es imprescriptible, insiste la Audiencia Nacional.

CUMPLIR CON SU DEBER DE POLICÍA.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó en noviembre del año pasado prisión incondicional para el policía argentino Juan Carlos Fotea, quien residía en Madrid y al que se detuvo después de que Argentina lo solicitara vía Interpol. Fotea se opuso ante el magistrado a ser extraditado a su país.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 aseguró que cumplió con su deber como policía. La Justicia argentina le reclama por haber participado en el dispositivo policial y militar que se dispuso para detener al periodista Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977.

Walsh, que publicó "Carta abierta a la Junta Militar", fue interceptado y tiroteado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, del barrio porteño de San Cristóbal, en Buenos Aires. Su cadáver nunca fue localizado aunque algunos supervivientes de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro de detención ilegal argentino durante la dictadura, declararon haber escuchado a los guardias decir que el cadáver con numerosas heridas de bala había sido incinerado.

El juez federal argentino Sergio Torres pidió la extradición de Fotea en la causa en la que investiga a los también policías Roberto González, Ernesto Weber, Pedro Salvia y Juan Carlos Linares; los oficiales del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez y Carlos Generoso; los marinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Jorge Vildoza, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernias; el militar Julio César Coronel y el prefecto Héctor Febres.