MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Nacional acordando el archivo de la investigación abierta contra la viuda del exdictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, su abogado Oscar Custodio Aitken y dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de queja interpuesto, entre otros, por la Fundación Española Presidente Allende contra la resolución de la Audiencia Nacional que denegaba la posibilidad de preparar un recurso de casación e impone además el pago de las costas a los recurrentes.
El auto, con ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, determina que la decisión de la Audiencia de denegar la preparación del recurso de casación es "correcta", ajustada a Derecho y acorde con lo que se dispone en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La pretensión de los demandantes era poder recurrir ante el Supremo el auto de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirmaba el sobreseimiento provisional de la investigación acordado por el juez Pablo Ruz. El magistrado archivó las diligencias y remitió testimonio íntegro de las actuaciones a las autoridades de Chile para que lo incorporaran a la causa seguida en sus tribunales.
Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo ve razones de fondo "suficientemente motivadas" para inadmitir la queja e invoca al acuerdo del Pleno no jurisdiccional de febrero de 2005 que declaraba que los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado sólo son recurribles en casación cuando se trate de un sobreseimiento libre, haya recaído una imputación equivalente al procesamiento o el auto haya sido dictado en un procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación.
INVESTIGACIÓN EN CHILE
El juez Ruz archivó la investigación -abierta por el juez Baltasar Garzón a raíz de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende dentro del sumario que investigaba el denominado 'Plan Cóndor'- al considerar que la Justicia chilena ya investiga a la mujer de Pinochet por los mismos hechos.
Garzón consideraba que la viuda y los otros imputados podrían haber contribuido a la desaparición de "importantísimas cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito" obtenidas por la familia Pinochet.
En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento libre de la causa contra el Banco Riggs National Corporation, que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.
La Fundación querellante presentó el 4 de abril de 2007 una segunda ampliación de querella contra el gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005, Pablo Granifo, el responsable de la institución en Nueva York, Hernán Donoso, y otros cuatro responsables de la entidad bancaria y de dos de sus filiales de bolsa y fondos de inversión.
Garzón resolvió esta última petición admitiendo la ampliación de la querella pero sin identificar a los responsables concretos contra los que se dirigía la acción penal, ya que, según explicaba, de la documentación aportada por los querellantes no se desprendía "la concreta participación de cada uno en los hechos delictivos investigados".
JURISDICCIÓN PREFERENTE
Ruz tomó esta decisión tras confirmar con la Justicia chilena, que goza de la jurisdicción preferente, que ha existido en este país "una persecución e investigación realmente efectiva de los hechos objeto de la presente causa, sujeta a los estándares y presupuestos exigidos por la legalidad y jurisprudencia internacional".
Las consultas realizadas por el magistrado obtuvieron respuesta de la Corte Suprema de Chile, el 12 de julio de 2010. Los hechos "están siendo conocidos por un tribunal chileno con jurisdicción y competencia", indicaba el escrito recibido por el juez Ruz.
Después de consultar al fiscal, que informó a favor del archivo, el juez consideró acreditada la "interconexión y coincidencia procesal sobre los hechos investigados". Agregó que la Justicia chilena goza, en este caso, "de una mejor posición para la persecución y eventual enjuiciamiento de los hechos".