MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Ley de los Ciudadanos Españoles en el Mundo, al que acompaña una memoria económica de 154,6 millones de euros. De ellos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aportará un 88 por ciento (136 millones de euros), mientras que Educación y Ciencia aporta un 8,3 por ciento y el Ministerio de Exteriores y Cooperación un 3,7 por ciento.
Con este presupuesto el Departamento que dirige Jesús Caldera sufragará distintas prestaciones económicas, como las pensiones asistenciales en el exterior y para retornados; la asistencia sanitaria; las ayudas para personas mayores y las ayudas para la integración sociolaboral, educativa y cultural, entre otras, según informó hoy en un comunicado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior nace con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de los emigrantes españoles que residen en el exterior, en igualdad de condiciones que los españoles que residen en España.
Según el Censo a 2004, el número de emigrantes españoles en el exterior es de 1.497.817, de los que 600.000 están en Europa, 14.000 en Africa, 17.000 en Asia, y 800.000 en América. Según el CERA, a noviembre de 2005, había 1.136.000 emigrantes españoles con derecho a voto.
"DEUDA POLÍTICA HISTÓRICA"
"El Estatuto ayudará a saldar una deuda política histórica con todos los ciudadanos que tuvieron que irse de este país", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Al mismo tiempo, recordó que el fenómeno de la emigración española comenzó a finales del siglo XIX, y especialmente, después de la Guerra Civil española, cuando por motivos políticos, y también por motivos económicos, "cientos de miles de españoles" dejaron España y se fueron "buscando una tierra donde poder vivir en paz y libertad".
A la falta de libertad de aquellos años, se añadían unas penosas
Asimismo, aseguró que el texto es "un importante esfuerzo de cooperación y de colaboración del Gobierno español para tratar de igualar a todos los españoles en derechos, facilitando la integración en sus países de destino y limitando el desarraigo que supone siempre vivir lejos del país de origen". "Protegerá especialmente a aquellas personas mayores que tienen algún tipo de discapacidad, pocos recursos, y que tuvieron que abandonar España durante su infancia como consecuencia de la Guerera Civil", añadió.
El texto tiene como finalidad, además, delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado, así como establecer la fórmula de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en este ámbito.
El proyecto de Ley, que ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, salvaguarda como derechos y deberes de los ciudadanos españoles que residen en el exterior el derecho al voto, los derechos sociales y prestaciones por razones de necesidad y derechos en materia de empleo.
DERECHO AL VOTO, DERECHOS SOCIALES Y PRESTACIONES
Así, ante la dificultad que conlleva el posibilitar el voto en todos los lugares de manera idéntica a la existente en España, el Estatuto pretende garantizar al máximo la transparencia y la efectividad del sistema.
Por ello, el proyecto de ley recoge el compromiso de la Administración General del Estado para asegurar la permanente actualización del censo electoral y para que se pueda ejercer el voto en urna, en aquellos lugares donde las condiciones lo permitan.
En relación con los derechos y las prestaciones sociales, el texto señala como colectivos de especial protección a aquellos ciudadanos españoles que carezcan de recursos suficientes y sean personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social o laboral, así como españoles desplazados durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil española.
"Se consolidan y amplían, así, los derechos sociales existentes en especial para las personas mayores, para lo que se introduce la 'prestación por razón de necesidad', como un nuevo concepto que engloba la pensión asistencial por ancianidad y la asistencia sanitaria", añade el Ministerio de Trabajo.
De cara al futuro, el Estatuto reconoce también una previsión para que puedan incorporarse medidas específicas dirigidas a las personas mayores dependientes, de acuerdo con la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
DERECHOS LABORALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES
El proyecto de ley reconoce, en relación con los derechos laborales, que el Sistema Nacional de Empleo permita el acceso a la información necesaria a los españoles demandantes de empleo en el exterior y a los retornados, para la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación.
Por lo que se refiere a la educación y la cultura, el Estatuto ofrece a los españoles la posibilidad de tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español, para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la simplificación y agilización de procedimientos para la convalidación de estudios y titulaciones.
Estos derechos persiguen en definitiva mantener los vínculos de los españoles en el exterior con España, tanto para aquellos que residen fuera, como para aquellos españoles que residan regresar a nuestro país.
OFICINA ESPAÑOLA DEL RETORNO
Además, teniendo en cuenta que la Constitución establece la promoción del retorno para los emigrantes, el Estatuto contempla la creación de la Oficina Española del Retorno, encargada de proporcionar la mayores facilidades y el máximo apoyo a los ciudadanos que quieran retornar a su país, en el seno de una política integral que tiene en cuenta las competencias de las comunidades autónomas. Se elaborará además un plan de empleo para aquellos que deseen regresar y sus familias.
El derecho a la participación en los órganos representativos de la emigración, el derecho de asociación, los derechos en materia de Seguridad Social, así como los servicios sociales para las personas mayores y dependientes son también derechos recogidos en el Estatuto.