MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros acordó hoy solicitar a Guatemala la extradición del ex presidente José Efrain Ríos Montt y otros seis ex altos cargos del país, a instancias del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la querella interpuesta por la premio Nober Rigoberta Menchu por la presunta relación de los demandados con la represión cometida contra el pueblo maya entre 1978 y 1987.
Además de Ríos Montt, se pedirá la extradición del ex presidente Oscar Humberto Mejías Víctores --jefe de Gobierno por golpe de Estado entre 1983 y 1986--, así como de los militares que ocuparon diferentes cargos durante la dictadura Ángel Aníbal Guevara, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García y Donaldo Álvarez Ruiz, quien está localizado en Estados Unidos.
El juez Pedraz libró el pasado julio una orden de captura y detención contra los altos funcionarios tras regresar de Guatemala sin poder interrogarles después de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala suspendiese las diligencias de Pedraz tras admitir un recurso interpuesto contra la comisión rogatoria por uno de los imputados.
A instancias de la Fiscalía, el magistrado decretó también el embargo de "todos los bienes" de los imputados de los que sean titulares" como "a través de testaferros o terceras personas para garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes" y ordenó "el bloqueo de las cuentas bancarias de las que sean titulares, bien total como parcialmente".
GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO MAYA
La querella de Rigoberta Menchú fue interpuesta en 1999 por diversos hechos perpetrados en Guatemala entre los citados años considerados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. El Juzgado Instrucción número 1 admitió entonces a trámite la querella porque consideró que el genocidio guatemalteco constituye un delito de persecución universal.
Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó a instancias de la Fiscalía investigar los hechos y ordenó al que era titular de este juzgado, Guillermo Ruiz Polanco, archivar el caso. La decisión fue recurrida por Menchú ante el Tribunal Supremo que rechazó la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar el genocidio contra los indios mayas en Guatemala durante las dictaduras militares.
No obstante, se declaró competente a España para juzgar el asalto a la Embajada de España y los asesinatos de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran y Carlos Pérez Alonso, en enero de 1980.
La investigación en la Audiencia Nacional se reabrió después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 estableciese la competencia de la Justicia española para investigar y juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, independientemente de que hubiese víctimas de nacionalidad española.