MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros al ex ministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann Montes, a quien la Fiscalía acusa de "autorizar y supervisar" la creación de una "estructura criminal paralela" que habría llevado a cabo la "ejecución extrajudicial" de diez presos del país centroamericano entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que ha interrogado a Vielmann este jueves, ha adoptado esta decisión a pesar de la petición de ingreso en prisión que presentó el fiscal Pedro Martínez Torrijos, que le imputa diez asesinatos y un delito de lesa humanidad, según informaron fuentes jurídicas.
El instructor también ha ordenado la retirada del pasaporte de Vielmann y le ha prohibido abandonar el territorio nacional. Además, le da una semana para que deposite la fianza, durante la cual tendrá que comparecer diariamente en la Audiencia Nacional. Cuando cumpla con esta medida cautelar, las comparecencias se producirán todos los lunes.
Vielmann, que fue detenido esta mañana en su domicilio de Madrid, "autorizó y supervisó en unión de otros mandos de la Policía Nacional y de la Dirección del Sistema Penitenciario la creación de una estructura criminal clandestina compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad" que llevó a cabo la ejecución de tres presos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad conocida como 'El Infiernito' y otros siete que se amotinaron en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, según una querella presentada por la Fiscalía.
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
El tribunal es competente para perseguir estos delitos porque, según explicaba la Fiscalía en su querella, el acusado tiene nacionalidad española, "no ha sido absuelto, indultado o penado en el país donde se cometieron los hechos" y los hechos punibles son tipificados en el país de origen como ejecución extrajudicial y han sido denunciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En su escrito, el fiscal solicita la detención de Vielmann, así como la "identificación, embargo, bloqueo e incautación provisional" de todos sus bienes y activos. También pretende que en la causa obren como pruebas la denuncia oficial presentada por el responsable de la CICIG y el vídeo que recoge las reseñas fotográficas de los hechos acaecidos en el penal de Pavón.
El ex ministro fue detenido el pasado 13 de octubre en Madrid aunque quedó libre el 23 de noviembre después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no ejecutara la petición de extradición que había formulado.
'PLAN GAVILÁN' Y 'PLAN PAVO REAL'
La querella de la Fiscalía, que parte de una denuncia realizada por el comisionado de las Naciones Unidas Fransico Dall'anese, relata cómo Vielmann dio la orden de crear un equipo de seis cargos ministeriales y responsables policiales para que "de manera sistemática" se encargara de "ejecutar las acciones o delitos en contra de aquellas personas que habían acordado como objetivo eliminar".
Entre ellos se encontraban el entonces director general de la Policía Nacional Civil, Erwin Johann Sperisen Vernon, de nacionalidad suiza; el asesor en Asuntos de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobernación, Víctor José Rivera Azuaje, ya fallecido; el director general del Sistema Penitenciario, Alejandro Eduardo Giammattei Falla; y los policías Javier Estanislao Figueroa Díaz, Víctor Hugo Soto Dieguez y Mario Roberto García Frech.
A este operativo clandestino se le encomendó el 22 de octubre de 2005 el denominado 'plan Gavilán', que consistió en la "búsqueda y captura" de los presos Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez, Juan Morales Blanco y José María Maldonado Sosa. Una vez capturados, los reos no fueron entregados a las autoridades judiciales, sino que fueron ejecutados en una carretera. En los tres casos Vielmann dio la versión oficial de que los prófugos trataban de huir y murieron tras un enfrentamiento armado con la policía.
En junio de 2006 el entonces ministro de Gobernación trazó un operativo para retomar el control en la prisión de Pavón después de que un grupo de presos autodenominado 'Comité de Orden y Disciplina' hubiese organizado un motín. El plan, denominado 'Pavo Real', comenzó con el reclutamiento de varios presidiarios y la esposa de uno de ellos a partir de cuyos testimonios se elaboró una lista en la que fueron incluidos los cabecillas de la revuelta.
Después de que el Gobierno guatemalteco declarara el estado de excepción, un total de 3.000 efectivos de la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional provistos de tanquetas militares tomó el penal por la fuerza y dio muerte con arma de fuego a los presos Luis Alfonso Zepeda González, Jorge Estuardo Batres Pinto, Carlos René Barrientos Vásquez, Mario Misael Castillo, José Abraham Tiniguar Guevara, Gustavo Adolfo Correa Sánchez y Erick Estuardo Mayorga Guerra.
"RIESGO DE SER ASESINADO"
Durante su primera declaración ante el juez, el ex ministro alegó que no podía ser extraditado porque tiene nacionalidad española y que "en la situación política actual que vive Guatemala corre serio riesgo de ser asesinado". También señaló que es "español, tiene domicilio en España, donde vive con su esposa y ha sido detenido" en el país en el que "figura empadronado".
Pedraz, sin embargo, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al considerar que existía riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como la posibilidad de que el imputado tratara de obstaculizar la investigación. Según el auto de prisión, "no puede entenderse" que Vielmann, "a pesar de la nacionalidad española que ostente, tenga un arraigo que pueda considerarse importante a los efectos de asegurar su presencia" en este procedimiento judicial.
Tras la declaración, el abogado de Vielmann, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, aseguró que la orden de detención cursada por Guatemala contra su cliente no cita los delitos de homicidio o asesinato, sino que se refiere exclusivamente a los de asociación ilícita y ejecución extrajudicial, los cuales han sido eliminados del Código Penal guatemalteco.